DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DEL PODER POPULAR

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, víctimas de una colosal injusticia por haber enfrentado al terrorismo anticubano en su propia madriguera, y a siete años de su arresto, continúan encerrados en prisiones federales de máxima seguridad, aislados entre sí, sometidos a un trato cruel que incluye diversas restricciones para recibir visitas familiares y la completa privación a Gerardo de ser visitado por su esposa y a René de encontrarse con su esposa y su hija de siete años de edad.

A estos cubanos se les castiga por su conducta heroica que los hace acreedores al reconocimiento y la gratitud de la humanidad. Todo el proceso seguido contra ellos sólo se explica por la ausencia de ética del gobierno de Estados Unidos. Nunca hubo justificación para su arresto ni para el fraudulento espectáculo judicial, ni para las condenas y sentencias que les fueron impuestas.

El pasado 27 de mayo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU determinó que la privación de libertad de nuestros compatriotas es arbitraria e ilegal y exhortó al gobierno de Estados Unidos a ponerle fin.

El 9 de agosto la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito con sede en Atlanta emitió su fallo: un texto de 93 páginas que revoca las condenas y anula el falso juicio realizado contra ellos en Miami. Para llegar a tal decisión unánime, los jueces analizaron todas las circunstancias que  rodearon el caso, incluyendo numerosas acciones terroristas contra Cuba y examinaron con amplitud los antecedentes, el desarrollo del proceso y la jurisprudencia. Los Cinco habían presentado sus argumentos apelativos el 7 de abril de 2003 enfrentando obstáculos extremos, entre otros, el confinamiento solitario que se les impuso durante el mes anterior y que imposibilitó la comunicación normal con sus abogados defensores.

Nada excusa que ellos sigan en prisiones donde sólo están personas que han sido declaradas culpables y condenadas por un tribunal.

Su encarcelamiento es un secuestro. El gobierno de Estados Unidos, que nunca debió arrestarlos, tiene la obligación moral, política y jurídica de ponerlos en libertad inmediatamente, sin condiciones.

Mientras persigue con saña semejante a Cinco Héroes de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos se empeña en impedir que se haga justicia con Luis Posada Carriles, terrorista convicto y confeso cuya extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela aun no ha sido respondida y por el contrario es obstaculizada con engañosas, turbias e ilegales maniobras.

Hace ya más de tres meses que representantes del Gobierno de los Estados Unidos recogieron con toda cortesía a ese criminal y lo instalaron en condiciones confortables y privilegiadas en El Paso, Texas. Hicieron esto después que el notorio asesino ingresara al territorio estadounidense en una operación secreta e ilegal en contubernio con las autoridades, que le permitieron asimismo desplazarse libremente por la ciudad de Miami, visitar a sus amigos, dar entrevistas y hacer declaraciones en las que confirmaba su larga carrera de crímenes y fechorías.

Posada Carriles es tratado como si fuese apenas un caso migratorio que, además de contrastar con la violencia ejercida contra millones de trabajadores indocumentados, busca desviar la atención de la opinión pública con el propósito de evadir el deber ineludible de devolverlo a Venezuela. Allí se le juzgaba por el atroz acto terrorista de la destrucción en pleno vuelo de un avión civil y la muerte de las 73 personas que iban a bordo el 6 de octubre de 1976, hasta que escapó con la complicidad de Washington  para seguir trabajando directamente con la Casa Blanca en  operaciones criminales contra nuestros pueblos.

Gracias al apoyo estadounidense pudo continuar su trayectoria terrorista, planeó varios atentados contra la vida del Presidente Fidel Castro y dirigió numerosos ataques con artefactos explosivos que causaron graves perjuicios humanos y daños materiales, incluyendo la muerte en La Habana de un joven turista italiano. Tal ha sido la impunidad, que el autor de esas monstruosas acciones se ha jactado en declaraciones y entrevistas que ha publicado el New York Times, otros medios impresos y televisivos de Estados Unidos, y hasta en un libro autobiográfico.

Al proteger a Posada Carriles, el gobierno de Estados Unidos viola la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por iniciativa suya el 28 de septiembre de 2001, y todas las convenciones y acuerdos internacionales contra el terrorismo, en particular la Convención Internacional de Montreal de 1973, y la Convención para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas.

La comunidad internacional debe condenar a la administración Bush por su patrocinio al terrorismo internacional expresado escandalosamente con el secuestro de nuestros Cinco Héroes y con la protección que sigue brindando al señor Posada Carriles, a Orlando Bosch y a otros connotados criminales que se pasean por las calles de Miami.

Hay que detener al señor Bush y a su política irresponsable e inmoral que mientras masacra al pueblo iraquí, destruye las vidas de miles de jóvenes norteamericanos, amenaza a todo el mundo con una guerra sin final y restringe libertades en los propios Estados Unidos, hace añicos las obligaciones jurídicas y morales que tienen todos los estados, al dar protección a un connotado asesino y al mantener secuestrados a cinco abnegados luchadores contra el terrorismo.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de la Republica de Cuba hace un llamamiento a los Parlamentos, a las organizaciones políticas y sociales, a todas las mujeres y los hombres que sueñan con un mundo mejor, de justicia, paz y libertad, a exigir la inmediata e incondicional liberación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González y a demandar la extradición a la República Bolivariana de Venezuela de Luis Posada Carriles para que sea juzgado y sancionado por sus crímenes hasta hoy impunes.

La Habana, septiembre 1º, 2005

Asamblea Nacional del Poder Popular

República de Cuba

Lealtad