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Jubilación jubilosa

Andrés Matas Axpe

Sábado, 18 de noviembre de 2006

Hay que luchar contra la injusticia, aunque ésta nos favorezca.

Venezuela es un país de contrastes y de injusticias, que duda cabe. Pero no deja de llamar la atención que después de ocho años de revolución bonita y protagónica, orientados a la equidad, muchos de estos contrastes no sólo se han mantenido, sino inclusive han crecido.

No voy a insistir sobre el regresivo subsidio a la gasolina, que favorece a los más ricos, ni sobre la universidad gratuita, en un país en el que los pobres son expulsados del sistema educativo al iniciar la secundaria y los pocos que la terminan en las instituciones estatales están tan mal preparados que no pueden conseguir un cupo al competir con los muchachos de los colegios privados que están mucho mejor formados. Este artículo va a tratar sobre otra de las grandes injusticias de nuestro país, la cual ha crecido con la revolución. Me refiero a los programas de jubilación.

La mitad de los trabajadores venezolanos labora en el sector informal, lo cual los excluye de todo programa de seguridad social y, por supuesto, de gozar de un plan de jubilación. De la otra mitad, y descontando los diez y pico por ciento que están desempleados, la mayoría labora en el sector privado, lo que les permite inscribirse en el Seguro Social y gozar, después de los 60 años de una pensión equivalente o muy parecida a un salario mínimo. Son muy escasas las empresas privadas que cuentan con un plan especial de jubilación. Estas son las condiciones que rigen para casi el 90% de la población económicamente activa. Pero en el universo laboral existen unos pocos privilegiados que están muy por encima de las condiciones imperantes para la mayoría de los venezolanos. Me refiero a los empleados públicos.

En efecto, la mayor parte de las instituciones públicas rigen su relación laboral por contratos colectivos que son diferentes, unos mejores y otros peores, pero todos incluyen un plan de jubilación. En promedio, el derecho a ser jubilado se gana con un tiempo de servicio de 25 años y el cumplimiento de cierta edad. La edad suele variar, pero no es de extrañar que sea sólo de 50 años y en algunos casos inclusive menor. De modo que nadie se puede sorprender al ver a un ex profesor universitario de 50 años de edad, probablemente la mejor edad para dedicarse a la enseñanza y volcar su conocimiento sobre sus alumnos, quien comenzó a trabajar a la edad de 25 y hoy es un feliz jubilado con su sueldo homologado al nivel del escalafón que tenía cuando se jubiló. Lo mismo pasa con cualquier honorable miembro de nuestras Fuerzas Armadas, la Asamblea o el Ministerio de Justicia. Esto significa que los venezolanos pobres tendrán que costear, mediante el erario público del cual una parte les pertenece, la manutención de estos servidores que tienen una esperanza de vida de 80 años. De modo que habrá que pagarles el sueldo por 30 años. Algo equivalente pasa en muchas empresas del estado y en otros ministerios del gobierno central.

En estos años de revolución esta injusticia no sólo se mantiene sino que se ha agravado porque, mientras en el pasado muchas instituciones se hacían la vista gorda y no la aplicaban, ahora se ha hecho costumbre que la jubilación sea obligatoria para así abrir espacios para nuevos empleados más comprometidos con el proceso. Así, la edad promedio de los jubilados ha bajado y existen instituciones como la UCV donde la nómina de jubilados ya supera a la nómina de activos.

Mientras la población mundial está envejeciendo y en Europa se plantea subir la edad de jubilación por encima de los 65 años actuales, en Venezuela, en medio de una mayoría de trabajadores que carecen de seguridad social, unos cuantos privilegiados se jubilan a los 50 años, condenando al país a una situación que además de injusta terminará por hacerse insostenible. ¡Que viva la revolución bonita!

 

http://www.analitica.com/va/economia/opinion/9977543.asp