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General: 30.000 los niños robados de Franco .. en investigación ...
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 13/11/2010 19:58 |
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decidido inhibirse en favor del juzgado del suspendido Baltasar Garzón, el número cinco de la Audiencia Nacional (actualmente dirigido por el juez Pablo Ruz), respecto a una denuncia por robo de niños durante el franquismo. El juez madrileño es el sexto que considera que los casos de Memoria Histórica deben corresponder a este tribunal, con competencia en toda España. Otros dos jueces a favor de los cuales se había inhibido Garzón durante su investigación sobre los crímenes de la guerra civil y la dictadura también devolvieron sus casos a la Audiencia, y tres magistrados de su Sala de lo Penal -Ramón Sáez, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada- expresaron en un voto particular que era este tribunal el que tenía que enjuiciar esos hechos.
seis jueces han redactado resoluciones asegurando que es Garzón quien debe investigar los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo le ha abierto juicio al considerar que, al aceptar el caso, cometió prevaricación, lo que provocó en mayo su suspensión por el Poder Judicial. El juez se encuentra actualmente de servicios especiales en La Haya (Países Bajos) donde trabaja como asesor de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional.
El abogado de las víctimas, Fernando Magán, se va a dirigir de nuevo ahora a la Audiencia Nacional para pedir que se investiguen los casi 80 casos de robo de niños que ha documentado. En su escrito, el letrado recuerda que algunas de las víctimas han fallecido mientras sigue sin investigarse lo que el juez Garzón calificó como crímenes de lesa humanidad. Las asociaciones de víctimas van a depositar en el juzgado una lista de testigos que conocieron los hechos y otra de responsables institucionales en las fechas en que ocurrieron para que sean llamados a declarar. El cálculo total de casos, que Garzón recogió en uno de sus autos, asciende a 30.000 niños robados.
La inhibición del titular del juzgado 21 de Madrid todavía no ha llegado a la Audiencia Nacional. Cuando lo haga, el juez que sustituye a Garzón al frente del juzgado Central de Instrucción 5, Pablo Ruz, tendrá que decidir si acepta el caso al considerarse competente para investigarlo. En caso contrario, planteará la cuestión a la Sala de lo Penal del Supremo -la misma que investiga a Garzón- para que esta decida cual de los dos órganos judiciales debe encargarse de los niños robados de Franco.
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Comunicado íntegro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas
"España tiene la obligación legal de investigar crímenes contra la humanidad"
La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) expresa su seria preocupación por los procesos criminales instituidos contra el Juez español Baltasar Garzón, así como por los posibles efectos de dichos procesos en su independencia judicial y en la independencia del sistema judicial en su conjunto.
El 9 de febrero del 2012, Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo Español por autorizar intervenciones en las comunicaciones entre abogados y sus clientes bajo custodia, como pena fue inhabilitado para el cargo de juez o magistrado por 11 años. La AIJD condena las ilegales intervenciones a las comunicaciones entre abogados y sus clientes, como una violación al derecho al debido proceso, al derecho de efectiva asistencia letrada y al secreto profesional, así como un ataque indebido a la independencia de la profesión legal.
No obstante lo anterior, pareciera ser que en el presente caso, la intervenciones ilegales constituyen un pretexto para sancionar al Juez Garzón por su toma de posición en otros asuntos. De hecho él mismo está siendo paralelamente procesado por el delito de prevaricación al admitir e investigar denuncias relacionadas con los más de 114,000 casos de desapariciones forzadas acontecidas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura del General Francisco Franco. La investigación sobre dichos casos no ha sido admitida en virtud de la Ley de Amnistía española de 1977, aprobada tras la muerte de Franco.
La demanda contra Garzón, quien se negó a aplicar la Ley de Amnistía, fue interpuesta por la agrupación de ultraderecha española “Manos Limpias”, cuyos líderes han sido políticamente activos en asociaciones simpatizantes con el régimen franquista.
La AIJD recuerda que las leyes de amnistía que impidan sanciones o acciones legales contra delitos de lesa humanidad son totalmente ilegales e incompatibles con las obligaciones de los Estados bajo múltiples tratados de Derechos Humanos.
De conformidad con el Derecho Internacional, particularmente el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad y como tales, no pueden ser sujetas a regímenes limitantes. Este horrible crimen, según lo ha establecido el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, es imprescriptible y “la violación a los derechos humanos continúa mientras la suerte y el paradero de las víctimas se mantiene sin resolver”.
España tiene la obligación legal de investigar crímenes contra la humanidad y resulta inaceptable el procesamiento de un juez por aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
El juicio contra Garzón es aún más preocupante a la luz del hecho que el Fiscal General del Tribunal Supremo ha solicitado el desistimiento del caso, recomendando el sobreseimiento de todos los cargos contra el juez.
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La AIJD, recordando que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos del mundo afirman su compromiso y determinación para crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respecto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, llama a las autoridades españolas a:
- garantizar la efectiva independencia e imparcialidad del sistema judicial, lo cual constituye uno de los principios fundamentales de un Estado democrático basado en el imperio de la ley, y consecuentemente abstenerse de tomar acciones o sanciones contra aquellos jueces que realicen investigaciones de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
- derogar la ley de amnistía de 1977, por su incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como ha sido solicitado, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5) .
- respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y consecuentemente investigar sin dilación todos los casos de desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura del General Franco, así como procesar y sancionar a los responsables de tales crímenes, y;
- garantizar el cumplimiento del derecho a la verdad, el cual debería poder ser disfrutado por las familias de las víctimas de desapariciones forzadas en España, y así eliminar todos los obstáculos para la exhumación e identificación de las víctimas permitiendo a sus familias rendirles honores y tributo apropiadamente.
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Cientos de niños fueron robados durante el franquismo. Estas son sus historias |
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Arranca la primera exhumación por orden judicial de un supuesto bebé robado
La madre afectada se declara "muy nerviosa" y confía en superar "31 años de misterio"
Operarios del cementerio municipal de Alicante han iniciado minutos antes de las once en una fosa común la primera exhumación del país ordenada por un juez en relación con los presuntos casos de bebés robados. Horas más tarde, todavía no se había localizado el ataúd en el lugar indicado por testigos del entierro. Carlos Ferreirós, fiscal de Menores, ha calificado la excavación como "una operación de cirugía".
La zona en la que se desarrollan los trabajos está rodeada por una valla metálica de dos metros de altura para preservar la intimidad de la familia.
A diferencia de las anteriores exhumaciones, que han sido ordenadas por la fiscalía o que se han acometido de forma privada, la que se desarrolla en Alicante ha sido dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, Cristina Ferrández.
Laura Perales, la madre afectada, denunció hace dos años el caso directamente ante la Policía Nacional, que a su vez dio traslado del asunto a los juzgados.
Momentos antes de iniciar la exhumación, Perales, "muy nerviosa", ha declarado que confía en "salir de dudas y revelar el misterio que hay desde hace 31 años". "Ahora empieza una nueva etapa y veremos lo que pasa", ha proseguido, a las puertas del cementerio de Alicante.
La excavación se desarrolla en la fila doce de la fosa común número 10 en presencia de la jueza Ferrández, del fiscal Ferreirós, un arqueólogo, un forense y el presidente de la Anadir Antonio Barroso, entre otros.
El bebé de Laura Perales nació el 20 de noviembre de 1980 en el Hospital General de Alicante aunque a los dos días se comunicó a la madre que había fallecido súbitamente por un fallo respiratorio, lo cual no coincide con los papeles médicos recibidos.
Se trata de la segunda exhumación realizada en la provincia de Alicante, tras la acometida a escasos metros, el pasado 31 de enero, para tratar de hallar a la melliza de María José Picó.
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La operación cuenta con la autorización del Ayuntamiento para abrir 49 sepulturas
Cádiz prepara una exhumación masiva por el robo de bebés
Periodismo Humano
El desenterramiento y análisis de restos lo costearán los familiares, ya que las denuncias de casos anteriores a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia Provincial.Hasta el momento, las miles de denuncias presentadas en juzgados de toda España por el presunto robo de bebés durante el franquismo y los años ochenta apenas han conseguido la exhumación de una veintena de sepulturas. Sin embargo, ahora en la ciudad de Cádiz se van a abrir 49 de una sola tacada. Lo han logrado los afectados aprovechando que el cementerio municipal está en fase de traslado y gracias a la autorización del Ayuntamiento. Pero el desenterramiento y análisis genético de los restos que se encuentren lo costearán ellos mismos, puesto que las denuncias de los casos sucedidos con anterioridad a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia de Cádiz por prescripción del delito, contradiciéndose así con el criterio de otras instancias judiciales del resto del país.
El pistoletazo de salida lo dio la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien en una reunión con la asociación SOS Bebés Robados mostró la disposición del Ayuntamiento a que, dentro del proceso de desmantelamiento del cementerio de San José y traslado de tumbas al mancomunado, los familiares pudieran recuperar los restos que desearan. Un portavoz municipal ha confirmado a Periodismo Humano que el Consistorio prestará “toda la colaboración posible” en esta tarea a los afectados por el presunto robo de bebés en la capital gaditana, para su posterior venta en adopciones ilegales.
Gracias a esto, se han presentado hasta el momento 49 solicitudes, correspondientes a otros tantos casos ya archivados por los juzgados. Es por ello que el coste de toda la operación tendrá que ser sufragado por los familiares, y no por la Administración de Justicia, que sí se hace cargo en cambio de dos exhumaciones actualmente en marcha en este mismo cementerio, ordenadas por el Juzgado. La concejala de Izquierda Unida (IU) Blanca Marzán ha intercedido para prestarles el servicio gratuito de una arqueóloga. El laboratorio New Bio Technic (NBT) realizará el análisis de ADN de los restos que se obtengan. Para que todo ello tenga validez ante los tribunales, la apertura de tumbas tendrá que realizarse en presencia de un notario. SOS Bebés Robados de Cádiz ha calculado el coste total en unos 2.000 euros por familia.
Su presidenta, Chary Herrera, es también una de las solicitantes de exhumación, en concreto de la supuesta tumba de su hermana, nacida el 10 de enero de 1975 en la clínica San Rafael, adonde se había trasladado el personal del hospital Fernando Zamacola (actual Puerta del Mar) por encontrarse éste en obras. Tras nueve meses de gestación, la niña nació sana, pero en su denuncia a la Fiscalía cuenta que sus padres apenas lograron tenerla media hora, pues “vienen contínuamente enfermeras a llevársela para enseñarla, les dicen que les han dicho que es muy bonita y quieren enseñarla otra vez, y ellos se sienten orgullosos pero les resulta extraño que se la lleven continuamente”.
A las tres de la madrugada del 11 de enero vuelven a por la niña porque, dicen, está muy enferma. La siguiente comunicación con sus padres, según cuenta Chary, fue de un médico para informarles que su hija había fallecido por un fallo del corazón, y que el hospital se encargaría del entierro. El padre pidió verla, pero recibió la negativa del equipo médico arguyendo que estaba ya preparada para la sepultura. Finalmente, tras mucho insistir, su padre consiguió que le enseñaran un cuerpo envuelto completamente en vendas dentro de un cajón frigorífico. El matrimonio no fue avisado del entierro, que les cuentan se practicó en una fosa común del cementerio de San José tres días después.
Los padres quedaron desolados y con la sospecha de que alguien se había quedado con su hija, al verla “tan bonita”, pero en aquella época el acatamiento de la autoridad estaba sellado a fuego en la población española, especialmente en las familias más humildes. Y así quedaron las cosas hasta que la hermana menor, Chary, acudió al Registro Civil en 2009. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el certificado de defunción, firmado por un ginecólogo, señalaba como causa de la muerte “prematuriedad”, al nacer con sólo siete meses de gestación. Por si fuera poco, en el libro de defunciones del cementerio consta como causa de la muerte la “maceración”, un proceso que daña al feto unas dos semanas antes del parto debido al líquido amniótico. Tres explicaciones distintas para una defunción presuntamente falsa. El hospital les dijo que no guardaban ningún historial médico anterior al año 2000, que se habían perdido.
Su hermana recibió supuestamente sepultura el 14 de enero de 1975. Sólo en ese mes, y hasta el 10 de febrero, consta en el cementerio gaditano el enterramiento de nada menos que 28 fetos, todos procedentes del antiguo Fernando Zamacola. Algo que, a juicio de los abogados de SOS Bebés Robados, es “una cifra desorbitada” que apunta a la “comisión de delitos no sólo de forma puntual, sino como una trama organizada”.
Otro de los que espera la exhumación de la supuesta tumba de su hermano es Jesús Alcina. Su madre dio a luz el 28 de enero de 1983 mediante cesárea en el mismo hospital Zamacola, pero no llegó a ver al bebé porque le comunicaron que habia fallecido por “malformaciones incompatibles con la vida”. Sin embargo en ninguna ecografía, la última de ellas dos semanas antes del parto, aparecía tal anomalía. Antes al contrario, indicaban que el niño estaba “encajonado” y no se apreciaba “ninguna malformación”. Es más, en el test de Agbar sobre salud del feto, en una clasificación del 0 al 10, su hermano alcanzó un 8.
“Mis padres no consiguieron verlo ni con vida ni sin vida”, se lamenta con rabia Jesús, puesto que fue supuestamente enterrado de forma inmediata por el hospital en las fosas comunes del cementerio que ahora se van a abrir. De hecho, lo que puso en guardia a la familia Alcina sobre el presunto robo de su bebé fue la llegada a su domicilio de un carta certificada, remitida por el propio cementerio, en la que se les entregaba un resguardo del pago de 400 de las antiguas pesetas por los gastos del funeral a nombre de su padre, Luis. Cantidad que el padre nunca pagó, y de hecho su firma en el resguardo aparece falsificada.
Huellas franquistas
El documento de legajo de aborto obtenido por la familia en 1983, en plena democracia, tiene el escudo preconstitucional. Viene firmado por el mismo funcionario del Registro Civil que suscribe un duplicado del libro de familia expedido también por aquel entonces, y en cuya portada figura igualmente el escudo de la España franquista, coronado por una cabeza de águila y el lema “una, grande, libre”. Jesús Alcina sospecha que estos documentos, sobre plantillas distintas de las vigentes en democracia, fueron emitidos expresamente para su familia, y para otras afectadas por el robo de bebés, por la misma organización criminal que realizaba las adopciones ilegales, con posibles tentáculos en diversos organismos oficiales. Se trataría por tanto de documentos falsos.
Un supuesto nada descabellado es que algún ataúd aparezca vacío. Es lo que le sucedió a Josefa Rincón, cuando trasladó el féretro de su hijo recién nacido del nicho del San José al cementerio mancomunado. Al abrirlo, en 2001, se encontró con que dentro no había nada, “sólo un trozo de gasa con un esparadrapo”. Un sepulturero les dijo que, al ser un bebé, no perduraban los restos, “y nos lo creímos”, recuerda ahora con asombro. Al saber de la multitud de casos denunciados o en busca de evidencia, más de 350 sólo en la provincia de Cádiz, Josefa ha puesto los hechos en conocimiento del juez.
Ella rememora con amargura cómo dio a luz mediante cesárea el 11 de mayo de 1984 en el Zamacola. Nació un varón de 5,5 kilos que no paraba de llorar, “toda mi familia lo vio”. Sin embargo, una hora después del parto les comunicaron que el bebé había muerto por encharcamiento de pulmones. “Un niño con encharcamiento no llora con tantas ganas”, arguye. Al igual que a Jesús, le dieron otras dos posibles causas del fallecimiento, contradictorias con la primera: en el Registro Civil, que tragó líquido amniótico, y en el cementerio por ser prematuro. El médico no le dijo nada. “Salió corriendo y no volvió a entrar en la habitación hasta que yo salí del hospital”, denuncia.
Así que, con resignación, “lo enterramos nosotros, pero no nos dejaron ver el cuerpo”. En realidad lloraron a un ataúd vacío. En la licencia de enterramiento figura el nombre de uno de los facultativos, de iniciales J.L.M.O., como mandatario. Un nombre que también se cita en al menos otros treinta casos de presuntos bebés robados en Cádiz, al igual que el de otro doctor, con iniciales M.C.C. Ambos ejercen todavía y, en teoría, darán cuenta de sus actos ante el juez. Si es que el Juzgado no archiva las denuncias por considerar que ha prescrito el delito.
Delitos de lesa humanidad
El cierre de casos por prescripción fue una práctica habitual de los juzgados al principio de aparecer las denuncias de bebés robados. Sin embargo, diversas audiencias provinciales, como las de Barcelona y Huelva, han revocado autos de archivo de los juzgados y han reabierto diversos casos de supuesta sustracción de recién nacidos apoyándose en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que el delito de detención ilegal es permanente. Así, el plazo de prescripción no empieza a correr mientras los presuntos culpables mantengan el engaño y mientras en los registros oficiales permanezca la falsedad documental que lo ampara. Ése es sin duda el caso del robo de bebés.
Dentro de la propia provincia de Cádiz, los juzgados de Jerez y Algeciras están aplicando esta interpretación. Sin embargo la Audiencia de Cádiz, reunida en pleno el pasado 10 de febrero, decidió continuar con la doctrina de la prescripción, contando el plazo a partir de que el niño supuestamente robado cumpliera la mayoría de edad, a los 18 años, y aunque éste desconozca siquiera que haya sido adoptado. En todo caso, aplican otros 15 años porque el delito lo cometiera un funcionario público. Así que, para la Audiencia de Cádiz, toda detención ilegal cometida antes de 1979 está prescrita como delito, aunque sus autores sigan vivos, mantengan el engaño y la víctima continúe creyéndolo en la actualidad.
La Audiencia gaditana fundamenta su criterio en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que absolvía al ex juez Baltasar Garzón del delito prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo. En esa sentencia el Supremo se refiere a la prescripción de un delito de detención ilegal perfectamente conocido por la víctima, ya adulta en el momento de ser raptada, y cuyos autores están necesariamente muertos, pues está hablando de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y la posguerra. Unos supuestos muy diferentes de los del robo de bebés, a los que en ningún caso se refiere expresamente el Supremo en esta sentencia.
Pero, aunque fuera así, las más recienten interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un delito de lesa humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código penal, y por tanto jamás prescribirían. Según el jurista Miguel Ángel Rodríguez, este delito contra la humanidad “de inicio fue político”. Se refiere al entramado legal del franquismo que facilitó la segregación infantil y la sustracción o eliminación de la custodia de las madres sobre sus hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que cualquier mujer reclusa sólo podían quedarse con sus hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otra familia. En la mayoría de los casos no se llegaba a esperar ese plazo. Bastaba detener durante unas horas a la madre, acusada normalmente de sedición, para arrebatarle a su bebé. La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con nuevos apellidos.
Mediante este engranaje, y según la investigación realizada en su momento por Garzón, se robaron a sus familias unos 20.000 niños en España entre 1940 y 1955, para darlos en adopción a familias adeptas al régimen. “Después –prosigue Rodríguez- aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. De hecho, en la propia provincia de Cádiz hay datados casos desde 1938 hasta 1991. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva sufrida en nuestro país.
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/cadiz-prepara-una-exhumacion-masiva-por-el-robo-de-bebes.html
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Niños robados: manifestación en Madrid por la reapertura de las denuncias archivadas
Soledad Monzón Ruiz es una de las madres que buscan la verdad sobre el fallecimiento de su hijo. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) calcula que entre 1960 y 1990 unos 300.000 niños fueron robados en España. “Los niños se vendían por el precio de un piso”, esgrime.
“Le podría haber tocado a cualquiera. Era una lotería. Ellos jugaban a ser dioses. Titiriteros. Entonces no contaron con la fuerza del ADN, ni con la unión de las redes sociales que nos ha puesto en contacto a tantas personas”, explica Soledad que fundó en junio de 2011 la asociación SOS Bebés Robados Madrid.
Soledad lleva cuatro años de búsqueda sin tregua, desde que descubrió que los documentos que guardaba de su fallecimiento estaban llenos de contradicciones. “Cuando peor lo pasé fue cuando escuché el testimonio de un taxista valenciano. Él se llevaba a niños prematuros de Madrid a Valencia en el maletero. En su declaración confesó que un día le dijo al doctor Vela que el prematuro que transportaba era muy pequeño y podía morir. <>, le contestó el doctor”, relata con desconcierto Monzón. “Si mi hijo está en una cuneta, no le encontraré jamás”, añade.
“Si mi hijo está en una cuneta, no le encontraré jamás”, añade.
Pueblos de la comarca de L’Horta Sud como Catarroja, Silla y Picassent fueron receptores de niños madrileños. Al igual que el municipio de 15.000 habitantes Albal, que fue uno de los principales focos receptores de niños robados procedentes de las maternidades madrileñas.
VOCES
Testimonios como el del taxista de Valencia o la enfermera de la clínica de San Ramón (Madrid) acercan a las madres a sus bebés robados. “Cualquier ayuda es poca, desde el personal de limpieza, el ascensorista o la enfermería. Muchas personal de hospital está declarando con cara distorsionada. Cada pequeño detalle es relevante. Tienen que perder el miedo porque pueden ayudar mucho”, suplica Soledad Monzón
Son mujeres que necesitan la verdad. “La duda tortura”, confiesa. Y sobre todo apela a los niños adoptados a que busquen sus orígenes. “Yo no pretendo invitar a mi hijo a comer paella todos los domingos, si él no quiere, pero sí que pueda hacerme todas las preguntas que necesite, que conozca sus antecedentes médicos y que sepa que yo no le abandoné nunca. Si me necesita yo aún tengo un puñado de arroz para él”, relata.
Y no se cansa de repetir que cualquier persona que tenga entre los 30 y 40 años; sea hijo único, o tenga progenitores muy mayores, contacte con la asociación SOS Niños Robados o ANADIR.
FALSA ALARMA
Estas navidades Soledad creyó haber encontrado a su hijo. Y lo cuenta con la sonrisa en la cara que esos días le devolvió la esperanza. “Pensé que era mi hijo, él depositó el ADN y en la primera prueba coincidimos un 95%”, cuenta. “Él tenía un niño pequeño y yo me veía como abuela, me faltó salir de compras”, ríe. Pero la segunda prueba, la mitocondrial, le dio negativo.
No ha desfallecido. Durante estos cuatro años se ha entrenado para hacer frente a todo. Y relata algún episodio desagradable que han vivido durante este tiempo: “¿Qué le dices a una madre que en una exhumación encuentra una pierna y no a su hija?”. Solo queda animarla porque cabe la posibilidad de que esté viva. “¿O cuando los padres se enteran que el Arzobispado les ha entregado el certificado de aguas de socorro de las criaturas abortivas falsas, después de pagar 20 euros, alegando que lo hacen por su tranquilidad moral?”, cuenta.
A Soledad la fuerza no se le resiente. “Otros momentos te llenan de vida. Cuando hay un rencuentro. Aunque no puedes evitar sentir un poco envidia. Cuándo seré yo, piensas”, añade.
NUEVA ESPERANZA
Desde que el 19 de abril del Juzgado de Plaza Castilla deMadrid pidiera el historial clínico de su bebé y la apertura de una investigación a la policía judicial para esclarecer los hechos Soledad ha repuesto sus energías. “Antes teníamos ley pero no justicia. Ahora, de momento, vuelvo a creer en la justicia”, expresa.
Ella es una de las pocas personas que tiene documentos que le abalan los indicios de delito. La verdad la tiene en un sobre blanco que ahora comparte con la Fiscalía General del Estado. “Ellos tienen una montaña de 30 centímetros con documentos. Dentro de poco me dirán algo”, asegura con ilusión.
MANIFESTACIÓN
Y para que se reabran todos los casos archivados el sábado 26 a las 11.00 hay convocada una manifestación que parte de la Fiscalía General del Estado en la calle Fortuny, 4 hasta el Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45.
“A mí no hay quien me pare”, asegura. Pero lamenta que muchas personas permanezcan impasibles ante este hecho. “Hay quienes actúan como si vieran el tiempo. Pero el resto seguimos luchando por la inhabilitación médica, el banco de ADN para toda España y el registro judicial de las personas presuntas, entre otras cosas”, explica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Los niños robados: Iglesia y médicos, cómplices de un crimen de lesa humanidad
AGNESE MARRA
Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que nació con la intención de “sacar el germen marxista” de los hijos de los republicanos. El resultado son alrededor de 30.000 niños robados. Los especialistas nos cuentan el modus operandi de una de las mayores atrocidades del franquismo.
nuevatribuna.es |Actualizado 20 Mayo 2012 - 21:22 h.
NUEVATRIBUNA.ES - 19.04.2010 Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que comenzó con una misma intención: “Sacar el germen marxista” de los miles de niños con madres o familia republicana. La persecución de ese gen, tal y como mandaba Vallejo Nájera, es una de las pruebas más rotundas del genocidio que supuso el franquismo. Miles de niños robados, ultrajados, con nuevos apellidos, identidades, lugares de origen. Miles de personas que ya superan los cuarenta años y que continúan con su vida sin conocer quiénes son, amparados bajo un engaño que ni el Estado español ni las autoridades pertinentes quieren desenmascarar. Sin emabrgo hay otras personas, que van desde abogados, psicólogos, antropólogos o periodistas que están dedicados a sacar a la luz uno de los crímenes más brutales del franquismo. Tres de ellos se reunieron la tarde del lunes en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, donde se mantiene el encierro de apoyo al Juez Garzón. Como ya se contó en este periódico, este encierro ha devenido en un espacio de memoria y de denuncia para que España pueda conocer las cientos de páginas de Historia que Franco y sus secuaces eliminaron de un plumazo. Los datos que ofrecen son estremecedores. Las imágenes llegan a la memoria en blanco y negro, pero estos crímenes también son de la etapa de technicolor. “En España se han robado sistemáticamente niños. Empezaron con el franquismo y la situación ha perdurado hasta entrados los años ochenta”, dice el sociólogo y experto en el tema Paco Tena. Durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70, los robos tenían una connotación claramente política, sin embargo en los 80 estaba orientado a la mera ganancia económica, sólo al negocio. Los primeros robos comenzaron en los años 40. Sus víctimas eran las mujeres que entraban embarazadas en la cárcel. Todavía quedan testimonios que han denunciado cómo les robaban los hijos a las presas republicanas. Una de las matronas de aquella época, que hoy cuenta con 95 años, reconoció el robo de los niños en las prisiones y contó cómo las monjas les ponían un pañuelo en la cara a los bebés cuando les daban de mamar para que no le cogieran cariño a su madre. Guillermo Fouces que trabaja como psicólogo para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también recuerda: “Además que les dejaban muy poco tiempo de lactancia siguiendo las órdenes de Vallejo Nájera, para que no se les contagiara el gen del marxismo”. LA IGLESIA SE ENCARGABA DE TODO“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”, le dijo Emilia Girón a la periodista María José Esteso Poves, una de las asistentes a la mesa redonda. Lo que le dijeron a Emilia se lo decían a todas. A pesar de que el niño nacía bien y las madres eran capaces de verlo, rápidamente una enfermera les indicaba que tenían que llevarlo a una incubadora. Al día siguiente le comunicaban a la madre que el bebé había muerto. Nunca más volvían a ver a su hijo. Tampoco se volvía a ver la documentación. Ni el certificado de nacimiento, ni el de defunción, y ni siquiera el de la madre que estuvo hospitalizada y fue a dar a la luz: “Muchas de las madres han ido después a las clínicas para pedir su ficha y no se las han dado, dicen que han desaparecido”, cuenta indignado Paco Tena. Estas madres ya pertenecen a la segunda etapa. Ya no son las presas. Las víctimas eran aquellas mujeres a las que podían relacionar con la República o con una ideología de izquierda. Un médico que en esa época (años 60 -70) trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, y que se ha negado a mostrar su identidad ha reconocido las investigaciones a las que han podido llegar expertos y víctimas: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”, narra la periodista que pudo hablar con él. El crimen se cometía a lo largo y ancho de la península, incluso hay casos documentados en las islas Canarias. Un entramado bien pensado, con varios protagonistas que cumplían papeles claves para que el negocio nunca se descubriera y se pudiera sacar el mayor beneficio. “Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Esta operación se repetía de punta a punta. Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, le dijo otra de las madres usurpadas a María José Esteso. La Iglesia no sólo estaba en cada una de las etapas del ‘robo’ sino que además castigaba a las parturientas por entender que las ayudaban a dar a la luz: “Después de parir y robarles los hijos, las mantenían durante años limpiando los suelos de los hospitales para que pagaran su deuda por haber sido atendidas”, cuenta Paco Tena. ‘ENDEMIA DE OTITIS’Las instituciones y administraciones también estaban metidas en el ajo. Los partes de defunción existentes tenían todos la misma causa de la muerte: otitis. En un registro de la comunidad de Madrid hay incluso un día en el que en el mismo hospital mueren siete bebés por otitis, explica el sociólogo y lo corrobora la periodista. Ambos han trabajado juntos y cuando vieron esa información no tardaron en hablar con varios pediatras: “Todos nos decían lo mismo, que era imposible que un bebé muriera por otitis, es más en el registro de enfermedades de muerte infantil hay muchísimas y ninguna es por otitis”. El Registro Civil es una de las instituciones que se niega a ofrecer datos a las víctimas que hoy buscan a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. “Es que tenían funcionarios comprados. En el parte de defunción hablaban de otitis, pero ni siquiera decían si les habían enterrado o incinerado, por no hablar de las partidas de nacimiento falsas con nuevos nombres y por supuesto todos los partes de defunción falsos”, señala Tena. Y es que el negocio que inventó Franco daba mucho dinero. No era de extrañar que las familias más adineradas llegaran a pagar hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios ‘comprados’. Las clínicas que más han sido investigadas están en Madrid. La Clínica de O’Donell y la maternidad de Santa Cristina (amabas en la misma calle) y una tercera que actuaba coordinándose con las anteriores, la clínica San Ramón. Las tres practicaban el mismo modus operandi: niño en la incubadora, después decir que estaba muerto y registrar como parturienta a la madre adoptiva y no a la verdadera. Algunos de los médicos que trabajaban allí en aquella época y que presumiblemente organizaban los robos hoy siguen vivos. Es el caso del tocólogo Eduardo Vela Vela o el del ginecólogo Villa Elizaga, que hoy se encuentra dando clases en la Universidad de Navarra. Entre estas ‘curiosidades’ también está el hecho de que el directo y fundador de la clínica O’Donell fue José Botella Llusía, tío de Ana Botella, mujer de José María Aznar. LA IMPUNIDAD CAMPA A SUS ANCHASAunque parezca mentira gran parte de estas atrocidades estaban amparadas por ley. Algunas de las Leyes de Franco menos conocidas y más brutales hoy saltan a la palestra en medio de una mesa redonda que los asistentes siguen con los ojos bien abiertos. La periodista María José Esteso nos refresca la Historia menos contada: “El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 en la que se daba la patria potestad al Estado. Pero en 1941 otra ley terminó por empeorarlo más ya que se autorizó cambiar los apellidos”. El sociólogo interrumpe y dice: “Es un peligro que miles de personas crean que tienen una pasado médico con la identidad de padres falsos, es una atrocidad”. Pero el esperpento continúa cuando se conoce la Ley de Patrimonio 16/85 que recoge que para proteger a la madre no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta pasados cincuenta años. La película se pone cada vez más negra para todo aquel que quiera conocer lo que sucedió en aquellos años. Además los que lo han intentado han salido mal parados. Los ejemplos son muchos. En los años 90 cuando surgió el programa de televisión ¿Quién sabe dónde? llegaron a la redacción cientos de casos que buscaban a sus familiares desaparecidos en el franquismo, mucho de ellos hablaban de sus hijos robados. La intensidad de llamadas fue tal que el propio presentador, Paco Lobatón, animó a las víctimas a unirse en asociación. Le hicieron caso y formaron Derechos a saber ANDAS. Sin embargo el periodista del programa no tuvo tanta suerte ya que tras sacar a la luz un caso, y en plena subida de audiencia, Televisión Española decidió acabar con el programa, cuenta Paco Tena. La periodista María José Esteso, cuenta algo parecido que le sucedió a ella cuando fue a entrevistar a María Cruz, la entonces presidenta de la asociación ANDAS y uno de los testimonios que más ha luchado por conocer la verdad: “En ese momento trabajaba de free lance para el grupo PRISA y cuando les conté el tema, cómo había ido mi entrevista, me dijeron que no les interesaba publicar ese tipo de cosas. Les terminé convenciendo y lo sacaron, pero tuve que dulcificar muchísimo todo lo que me había dicho”. El caso más reciente lo ha sufrido Paco Tena, quien ha publicado numerosas investigaciones sobre los niños robados: “Hace tan sólo tres meses me llamaron y me dijeron que no siguiera investigando por ahí, que tenía que tener cuidado. Esa es la mejor prueba de que el franquismo sociológico sigue vivo”. UNA PARED DE FRENTELas víctimas que han intentado conocer su historia se han encontrado siempre con la misma respuesta: el silencio. Los especialistas y los familiares coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que lo ponen más difícil, por no decir imposible. “La Iglesia es la que tiene todo, los registros de bautismo originales, con los nombres de los padres verdaderos, las defunciones, los nacimientos, ellos tienen todo, pero no nos lo quieren mostrar”, señala el sociólogo. Tanto Paco Tena como la periodista María José Esteso coinciden que los expertos no pueden hacer mucho más: “Es el Estado quien se tiene que encargar de todo esto, es la Fiscalía la que tiene que llevarlo y obligar a las instituciones a que muestren las pruebas”, dice Tena. Pero de repente se acuerda: “Bueno, la verdad es que hemos venido aquí para apoyar a Garzón, la única persona que ha intentado investigar esto, y por eso mismo está en el banquillo. Todo esto es un sin sentido”.
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Un ejemplo de Argentina para España ....( Seguro que les hace falta Garzón para dignificarse )
Argentina aguarda la sentencia por el robo de los bebés de la dictadura
Dos dictadores y otros nueve acusados se enfrentan a condenas por la apropiación sistemática de los hijos de madres desaparecidas
"Tiene que ser una condena ejemplar”, advierte Francisco Madariaga, un porteño de 34 años cuya madre, Silvia Mónica Quintela, fue secuestrada el 17 de enero de 1977, cuando ella tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses. En julio de ese año nació Francisco en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después del parto el bebé era trasladado a la casa de un militar y su madre, Silvia Mónica, desaparecía para siempre. El niño creció convencido de que el oficial Víctor Gallo y su esposa Susana Inés Colombo eran sus padres biológicos. Hace solo dos años y medio que descubrió la verdad. Hoy espera cargado de optimismo a que un tribunal de Buenos Aires dicte sentencia en el juicio por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura (1976-1983).
Hay once acusados. Dos de ellos son los dictadores Jorge Rafael Videla, de 86 años y Reynaldo Bignone, de 84. El resto son militares, un guardia de Marina, un agente de inteligencia y… Víctor y Susana, los dos padres “de crianza” de Francisco Madariaga Quintela, a quien él prefiere llamar “apropiadores”.
“A mi mamá biológica se la llevaron al día siguiente de yo nacer para matarla en los vuelos de la muerte [las expediciones en las que se arrojaban a los presos de la dictadura desde los aviones al Río de la Plata]. Y él me robó como si yo fuese un juguete de guerra. Pero siempre me vio como a un enemigo. Desde los cinco años me violentaba y me golpeaba. Es un ser perverso. Y ella, mi apropiadora, fue su cómplice al ocultarme la verdad”.
Han pasado ya 16 años desde que las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaron la “apropiación sistemática” de los niños
Han pasado ya 16 años desde que las Abuelas de la Plaza de Mayo decidieron denunciar ante la justicia la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos durante la dictadura. Murieron varios de los acusados, como el dictador Emilio Eduardo Massera, fallecieron también algunas abuelas, se jubilaron los abogados que iniciaron la causa y el letrado que representa ahora a las Abuelas, Alan Lud, de 31 años, no había nacido cuando se perpetraron los robos de bebés. Desde entonces, 105 nietos recuperaron su identidad biológica. Y aún quedan 400 denuncias por resolver, según los cálculos de las Abuelas.
En este juicio se abordan los casos de 34 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar. Y no fue nada fácil para muchos de ellos. No todo el mundo tenía las cosas tan claras como Francisco Madariaga. Una de las que prestó testimonio fue la diputada nacional del partido izquierdista Libres del Sur, Victoria Donda, de 31 años. Su padre adoptivo o “apropiador” es Juan Antonio Azic, de 70 años. Fue oficial de inteligencia del grupo de secuestros de la Marina y ahora espera sentencia junto a Videla y el resto. Durante una entrevista con el canal Todo Noticias, a Donda le preguntaron el año pasado qué sintió cuando fue a hacerse las pruebas de ADN. “Culpa, miedo…”, respondió. “Culpa porque si yo me hacía el ADN podía inculpar todavía más a las personas que me habían criado. Y la verdad es que yo tuve una buena relación y la sigo manteniendo, independientemente de que considero que es justo que sea condenado, que sea condenado por el pueblo, que lo que hizo está mal… Parece que por lo menos, en mi caso, a mí me ayuda a separar lo político y mis afectos personales… Y que además también fui engendrada para amar. Vos cuando querés no cerrás tus sentimientos como si fuera una canilla [un grifo]. Yo lo sigo queriendo, aunque sé lo que hizo y… bueno, está pagando su responsabilidad con la sociedad”.
En este juicio se abordan los casos de 34 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar
Al preguntarle esta semana sobre sus sentimientos acerca de la sentencia, la diputada aún se sentía incómoda. “Personalmente me parece que estas cosas llevan un tiempo procesarlas y aún es muy pronto. Pero espero que con esto se cierre una etapa de mi vida importante. Lo fundamental es que con este juicio queda demostrado que la apropiación de niños fue un plan sistemático organizado desde el Estado”.
Ese punto precisamente es el que los acusados niegan. Y eso es lo que desean probar las Abuelas. Ya hubo en Argentina unas 25 sentencias contra “apropiadores” de bebés. Pero en ellas se abordaba el caso particular de cada uno. En este juicio, en el que han prestado testimonio unos 200 testigos y cuya vista oral se ha prolongado un año y medio, se pretende probar que había un plan premeditado. “No hemos encontrado una orden escrita que pruebe que hubo un plan. Pero la reconstrucción de varios elementos nos lleva a esa conclusión”, indica Alan Lud, abogado de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres embarazadas, para que se garantizara que se produzca el parto… Eso tiene que decidirlo alguien”.
Este juicio es una validación de la democracia. Los hijos de los desaparecidos y las abuelas ya hemos dado un gran paso. Ahora, la justicia tiene que poner su parte”
Francisco Madariaga, hijo de una desaparecida
Alan Lud se muestra confiado en que la condena sea ejemplar, como desea Francisco Madariaga, y que también sirva para que Videla no pueda acogerse a la libertad condicional. “Videla cumple en la actualidad cadena perpetua tras una sentencia de 1985. Pero el Código Penal argentino establece que a partir de un número determinado de años en prisión se puede acceder a la condicional. Si la condena es de 25 años o inferior, podrá acceder a ella. Pero si es superior, dificultará sus pedidos de libertad condicional; pedidos que está realizando”, indica Lud.
“Este juicio es una validación de la democracia”, concluye Francisco Madariaga. “Los hijos de los desaparecidos y las abuelas ya hemos dado un gran paso. Ahora, la justicia tiene que poner su parte”.
“Muchos de ellos aún siguen dando misa”
F. PEREGIL
Victoria Montenegro, de 36 años, hija de padres desaparecidos, cree que el juicio contra el plan sistemático de robo de bebés ha dejado en evidencia la participación que tuvo la Iglesia en los hechos. “Todavía muchos de ellos siguen dando misa, y eso es lo que más perturba. Yo soy creyente y creo en la Iglesia, pero hay personas que han hecho muchísimo daño. En mi caso, mi apropiador me contó que a mí me retiraron de una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Había varios bebés, todos hijos de desaparecidos, cuidados por monjas. De hecho, a mí me bautizó en el cuartel Campo de Mayo un cura, no castrense, sabiendo plenamente que mis apropiadores no eran mis papás”.
“La apropiación vino desde el Estado. Todos sabemos lo que es la cadena de mando y nadie en el Ejército se apropia de un bebé y lo cría porque tiene ganas. Pero además de eso, se produjo la colaboración de un montón de personas que también aportaron para que existiera ese manto de impunidad y para que 36 años después todavía estemos buscando nietos”, añade Montenegro. Colaboró desde el que tomaba la inscripción en silencio en el registro civil y todos los que callaron e ignoraron las denuncias de nuestros familiares. Colaboraron los curas que bendecían las armas y les daban fuerzas a los hombres antes de los vuelos de la muerte”.
“Cuando estábamos a tientas y no sabíamos a dónde acudir, la Iglesia católica no nos ayudó en nada; al contrario, estuvo en contra”, recuerda la vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, de 92 años. “Pero otras iglesias cristianas sí que colaboraron”.
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IDAS ROBADAS »
“¡Soy inocente!”
El exdirector de la Clínica Santa Cristina declara por el posible robo de un bebé en 1982
El doctor Villa Elizaga se encara con una afectada: "¡Cállese o le doy una torta!"
El exdirector de la clínica Santa Cristina de Madrid José Zamarriego, citado a declarar esta mañana por Adolfo Carretero, el juez que investiga el posible robo de un bebé nacido en ese centro en 1982, ha asegurado en el juzgado que apenas conocía a sor María Gómez Valbuena, de momento, única imputada en el caso (por detención ilegal permanente y falsedad documental). "Ha dicho que solo la vio dos veces", ha informado después Guillermo Peña, abogado de la madre denunciante, María Luisa Torres. Según el letrado, Zamarriego también ha declarado ante el juez que no comprobaba toda la documentación que le daban a firmar porque se fiaba de sus subordinados y que no tiene nada que ver en este asunto.
Al salir del jugado, el exdirector de la clínica Santa Cristina se ha encarado con los periodistas. "Todo lo que he tenido que decir, y he dicho mucho, se lo he dicho al juez. ¡A ustedes nada! ¡Claro que soy inocente! ¡Y no me cojan de la chaqueta, a ver si vamos a acabar mal!", ha gritado en tono amenazante. Zamarriego había salido del juzgado por la puerta de otro edificio para intentar despistar a la prensa.
El segundo en declarar, también como testigo, ha sido el doctor Ignacio Villa Elizaga. Estaba citado en calidad de jefe de neonatología de la clínica cuando se produjeron los hechos, pero hoy ha mostrado al juez documentación que acredita que en ese momento ya no ocupaba ese cargo, sino que era catedrático de medicina y ya no estaba en Madrid. Su firma consta, no obstante, en la documentación aportada por la afectada. "Lo que ha debido ocurrir es que no se cambió el membrete cuando abandonó Santa Cristina y seguía figurando como jefe de neonatología aunque ya no lo fuera. Ahora estamos intentando averiguar quién ocupaba ese puesto en aquel momento", ha explicado el abogado de Maria Luisa Torres, Guillermo Peña.
"¡Cállese o le doy una torta!"
La salida del juzgado de Villa Elizaga ha provocado momentos de gran tensión porque un grupo de madres que han denunciado el robo de sus hijos le ha perseguido insultándole. "¡Ladrón! ¡Tú me robaste a mi hija! ¿Dónde está, sinvergüenza?" le gritaban. Villa Elizaga ha sido escoltado por un policía hasta el taxi,pero antes se ha encarado con una de las madres que le increpaba y le ha dicho: "¡Cállese o le voy a dar una torta!".
Finalmente, ha declarado ante el juez Carmen Muñoz, exfuncionaria del Registro Civil que certificó en 2002 la partida de nacimiento de Pilar Alcalde, la supuesta niña robada en 1982, cuando la joven fue a pedirla. "No tengo nada que ver en este asunto. Yo no estaba en la época", ha señalado Muñoz a la salida de los juzgados, también entre insultos.
La asociación SOS Bebés Robados tiene mucho interés en las declaraciones que el juez tomará el próximo jueves al personal de la Agencia Española para la Protección de la Adopción, entre ellas María Isabel Vega.
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Hombre robado cuando era bebé encuentra a su madre, 47 años después
Foto: Tomada de www.huelvainformacion.es
Quique Olivert durante una rueda de prensa que ofreció en Huelva para hablar de su caso.
El caso de Quique Olivert es solo uno de los miles que se presentaron durante dictadura en España.
"Me dijo que jamás me abandonó, que me robaron de sus brazos y que nunca supieron si estaba vivo o muerto", dice Quique Olivert, quien ha esperado 47 años para conocer a su verdadera madre y descubrir que fue uno de los miles de bebés robados durante la dictadura franquista.
"Mi madre se derrumbó en cuanto me vio; fue una situación muy emotiva. Llevaba 47 años sin ver a su hijo", recuerda Oliver, todavía emocionado tras el reencuentro con sus padres y su hermana de 42 años.
Quique Olivert, que administra un bar en Huelva, sur de España, relata emocionado la búsqueda de sus orígenes.
Las monjas del hospital donde nació Olivert, en 1965, en el norte de España, decidieron separarlo de sus padres porque no estaban casados. Hoy, los padres de Quique Olivert tienen 70 y 75 años.
Quique Olivert estaba lejos de imaginar que era un niño robado. Esperó a que murieran sus padres adoptivos para buscar a sus padres biológicos.
"He sido un niño muy feliz, muy querido por mis padres adoptivos", dice este hombre alegre, que canta en un grupo de pop.
"Siempre me han dicho que era adoptado, pero yo siempre había entendido que era dentro de un marco legal", dice durante una conversación telefónica.
Tardó dos años en poder consultar unos documentos donde figuraba el nombre de su madre y, sospechando posibles irregularidades, contactó a SOS Bebés Robados, una de las organizaciones que investigan estos casos y tratan de llevar a los responsables ante la justicia.
Esta asociación le ayudó a localizar a sus padres y a su hermana, que viven al otro lado del país, en Bilbao, en el norte, y los test de ADN confirmaron que se trataba de su familia biológica.
Por su parte, SOS Bebés Robados dio publicidad a la historia de Quique, denunciando que la justicia ha ignorado, según ella, cientos de casos similares.
Un tribunal de Huelva recientemente archivó estas denuncias considerando que habían prescrito.
Bajo el franquismo, los niños fueron robados a madres republicanas, al amparo de un decreto de 1940, que permitía ponerlos bajo tutela del régimen si se consideraba que su "educación moral" corría peligro.
En los primeros años de la democracia el tráfico continuó, incluyendo la venta de bebés. Pero hubo que esperar a principios de 2011 para que surgieran los primeros testimonios, para que se destapara el escándalo de los bebés robados.
Según las asociaciones, ya en el mes de abril, se habían presentado unas 1.500 denuncias en toda España.
Una de las organizaciones, Anadir, cree que unos 300.000 bebés pudieron haber sido robados durante la dictadura de Franco (1939-1975) y hasta los años 80, ya que hasta 1987 no hubo una ley que enmarcara las adopciones.
Una primera etapa judicial dentro de este escándalo se cumplió en abril pasado, cuando Sor María, una religiosa de 80 años, declaró ante un juez de Madrid, convirtiéndose en la primera persona acusada por un caso de bebé robado.
La religiosa declaró en el marco de la investigación sobre el robo de una recién nacida en un hospital de Madrid en 1982.
El ministro conservador de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, reconoció entonces este "drama terrible", anunciando la creación de una base de datos para permitir a las familias cruzar sus informaciones y la designación de un fiscal especial para coordinar los trabajos de la justicia.
Quique ha decidido, por su parte, ayudar a los demás. Desde que volvió a reencontrarse con sus familiares, ha conocido a otras familias. "Me decían que yo era una ventana a la esperanza, que mi caso abre una vía para poder seguir luchando".
ROLAND LLOYD PARRY
AFP
MADRID
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El de Quique .... no será otro caso como el de quico ? |
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La monja imputada por robo de bebés muere sin responder a la justicia
Sor María, de 88 años, falleció hace unos días y ya ha sido enterrada
Dos madres habían conseguido que la justicia la citara a declarar, pero no respondió al juez
Purificación Betegón: "Solo espero que Dios la perdone, porque yo no la voy a perdonar nunca"
El juez la había citado a declarar como imputada el pasado viernes por un segundo caso de robo de bebés: las gemelas que Purificación Betegón, madre soltera, dio a luz en la clínica Santa Cristina de Madrid en febrero de 1981. Pero sor María Gómez Valbuena,la única persona de momento acusada formalmente por apropiarse de recién nacidos, no acudió al juzgado. Su abogado, José María Calero, presentó al juez un informe médico alegando motivos de salud, entre ellos, insuficiencia cardiorespiratoria, de su cliente para no acudir. Según han confirmado a EL PAÍS en el convento de las Hijas de la Caridad donde residía, la religiosa ha fallecido "hace unos días".
Calero presentará "mañana o el próximo lunes" en el juzgado el certificado de defunción de su cliente. El fallecimiento de sor María supondrá el archivo de las causas en las que es única imputada, según fuentes judiciales.
Sor María ha muerto en silencio, sin dar a las madres que la acusaban de robarle a sus bebés alguna pista sobre el paradero de sus hijos. "Solo espero que Dios la perdone, porque yo no la voy a perdonar nunca", confesaba Purificación Betegón el pasado viernes, incapaz de ocultar su decepción al ver que la única persona que ella creía que podría ayudarle a encontrar a sus gemelas no acudiera a su cita con el juez.
El 12 de abril de 2012, cuando otro juez, Adolfo Carretero, la citó a declarar como imputada por otro caso, el supuesto robo de una niña nacida en 1982 en esa misma clínica Santa Cristina de Madrid, y entoces sor María también calló porque se acogió a su derecho a no declarar. No respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación defendiendo su inocencia y asegurando que le "repugnaba" la separación de un bebé de su madre biológica.
El nombre de sor María se repite mucho entre las madres que hace 30 o 40 años salieron sin sus bebés del hospital convencidas de que había muerto, como les habáin comunicado, o sospechando ya que se lo habían quitado. Madres a las que durante muchos años tomaron por locas, incluso por sus propios maridos, convencidos de que el dolor de haber perdido a su hijo les había hecho pensar lo imposible: que aquella monja sonriente, aquel médico en bata, les había robado a su bebé.
María Luisa Torres, la madre responsable de la primera imputación de sor María, la recuerda así: “Yo estaba muy asustada y me tranquilizó. Me habló de guarderías. Confié en ella. Fue tejiendo una tela de araña hasta que me atrapó”. Era 1982, María Luisa acababa de separarse de su marido y estaba embarazada y sola. Acudió a la monja tras ver un anuncio en una revista en el que la religiosa prometía ayudas madres en apuros. “Cuando me desperté tras el parto, ella era otra persona diferente. Tenía dos caras. Como Jekyll y Hyde. Cruel, altiva. Se quedó con mi bebé. Me amenazó con quitarme a mi otra hija, por adúltera. Y mientras lo decía, yo veía cómo ella estaba imaginando ese momento”.
La religiosa trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina y colaboraba en la de San Ramón, dirigida por el doctor Eduardo Vela, otro de los nombres que más se repiten en las denuncias por robo de niños. Estaba muy solicitada. A ella acudían matrimonios de distintas partes de España frustrados por la dificultad de adoptar por los cauces tradicionales —en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000 solicitudes— y embarazadas en apuros, como María Luisa, o jóvenes solteras que se habían quedado embarazadas trabajando de sirvientas o a las que sus padres habían echado de casa al conocer la noticia. La religiosa las enviaba a una pensión en Madrid donde siempre había habitaciones reservadas a su nombre, o a un piso en el barrio de Salamanca. Apenas salían, salvo para las revisiones con el doctor Vela. Algunos de los padres que luego adoptaron a esos bebés guardan las facturas que sor María les pasaba por la estancia de las chicas. En 1978 ascendían a 500 pesetas por día. Alejandro Alcalde, que adoptó a la hija de María Luisa, Pilar, pagó casi 100.000 en 1982 por “gastos de parto, anestesia…”. Él recuerda a sor María como “de una terrible frialdad”. Le ofreció cambiar al bebé por otro porque Pilar había nacido enferma.
Muchos matrimonios que querían adoptar llegaban a sor María derivados de la Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas. En 1980, cuando ya se hablaba de un mercado ilegal de bebés, Guijarro declaraba a EL PAÍS: “Hoy por hoy, el sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas... En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena”.
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La monja que repartía bebés
Madres que la han denunciado y padres que lo son gracias a ella retratan a sor María Gómez Valbuena: “Era fría, calculadora. Una mujer con dos caras”
“Fría”, “calculadora”, “como Jekyll y Hyde”. Así es como recuerdan a sor María Gómez Valbuena, de 87 años, única imputada por un juez por presunto robo de niños, madres que la acusan de quitarle a los suyos. Matrimonios que se convirtieron en padres gracias a ella cuentan que acudieron a verla tras oír hablar de “la monja que daba niños”. Y algunos de esos bebés dados en adopción recuerdan hoy que mantenía el contacto con ellos, incluso les preguntaba por las notas. Este es el retrato de una monja acusada de robar bebés.
“Yo estaba muy asustada y me tranquilizó. Me habló de guarderías. Confié en ella. Fue tejiendo una tela de araña hasta que me atrapó”, recuerda María Luisa Torres, la responsable de que sor María esté imputada. Era 1982, acaba de separarse de su marido y estaba embarazada y sola. Acudió a la monja tras ver un anuncio en una revista en el que prometía ayudas madres en apuros. “Cuando me desperté tras el parto, ella era otra persona diferente. Tenía dos caras. Como Jekyll y Hyde. Cruel, altiva. Se quedó con mi bebé. Me amenazó con quitarme a mi otra hija, por adúltera. Y mientras lo decía, yo veía cómo ella estaba imaginando ese momento”.
La religiosa trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina y colaboraba en la de San Ramón, dirigida por el doctor Eduardo Vela, otro de los nombres que más se repiten en las denuncias por robo de niños. Estaba muy solicitada. A ella acudían matrimonios de distintas partes de España frustrados por la dificultad de adoptar por los cauces tradicionales —en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000 solicitudes— y embarazadas en apuros, como María Luisa, o jóvenes solteras que se habían quedado embarazadas trabajando de sirvientas o a las que sus padres habían echado de casa al conocer la noticia. La religiosa las enviaba a una pensión en Madrid donde siempre había habitaciones reservadas a su nombre, o a un piso en el barrio de Salamanca. Apenas salían, salvo para las revisiones con el doctor Vela. Algunos de los padres que luego adoptaron a esos bebés guardan las facturas que sor María les pasaba por la estancia de las chicas. En 1978 ascendían a 500 pesetas por día. Alejandro Alcalde, que adoptó a la hija de María Luisa, Pilar, pagó casi 100.000 en 1982 por “gastos de parto, anestesia…”. Él recuerda a sor María como “de una terrible frialdad”. Le ofreció cambiar al bebé por otro porque Pilar había nacido enferma.
Muchos matrimonios que querían adoptar llegaban a sor María derivados de la Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas. En 1980, cuando ya se hablaba de un mercado ilegal de bebés, Guijarro declaraba a EL PAÍS: “Hoy por hoy, el sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas... En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena”.
“Hablaba de los niños como si fueran manzanas”, según una víctima
Los padres adoptivos de Camino, nacida en San Ramón en 1979, estuvieron a punto de denunciarla. “Sor María debió de ver que no tenían mucho dinero”, cuenta Camino, “y les dijo que la única posibilidad que tenían de adoptar era llevándole otra mujer embarazada que no fuera a quedarse el bebé”. La monja utilizó el sistema del trueque en al menos otra ocasión. Mari Carmen Rodríguez, madre adoptiva de David, nacido en San Ramón en 1981, también relató a este diario que sor María le dijo que tenían que llevarle “otra embarazada a cambio, y que lo hacía así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscando”.
Sor María dio largas a los padres adoptivos de Camino. “Les dijo que ya llamaría cuando hubiese otro niño disponible. Mi madre dice que ‘ella hablaba de bebés como si fueran manzanas’. Hasta que la amenazaron con denunciarla, y entonces les citó media hora más tarde en San Ramón. Mi madre compró un pijamita azul porque pensaba que le iba a dar al bebé de la embarazada que ella había llevado, que había sido niño, pero sor María les entregó envuelta en una toalla a una niña, yo. Mi madre siempre ha pensado que me tenían preparada para otros con dinero”.
“Yo confiaba en ella. Tejió una tela de araña hasta
que me atrapó”
Los padres adoptivos de Alfonso, de Alicante, tampoco entraron con buen pie con sor María en 1983. “Fueron a verla porque una amiga del Opus que había adoptado a tres hermanos en San Ramón les dio su nombre. Me han contado que sor María se enfadó mucho cuando les vio. Ya había salido en los medios la noticia del tráfico de niños en aquellas clínicas y estaba nerviosa. Les dijo que era imposible. Pero casi un año después les llamó. ‘Tienen ustedes amigos muy importantes’, les dijo, y les dio al niño, yo”. La entrega se produjo horas después del parto, de forma ilegal. “Todas las Navidades sor María mandaba una postal y mis padres una cesta con comida. Recuerdo haber hablado con ella por teléfono. Me preguntó si me gustaban mis padres, si iba a misa, qué notas había sacado...”.
A Enriqueta Pelayo oír el nombre de la monja le pone “la piel de gallina”. “Sor María me dijo: ‘La criatura ha muerto. Es un angelito de Dios’. Yo grité que quería verla. Me tiró encima de la cama la ropita que yo había llevado y me dijo: ‘Mejor que se te haya muerto esta y no las otras tres que ya tienes criadas”. Esta semana presentará denuncia. Juan
Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, declaró recientemente: “En esa congregación [las Hijas de la Caridad, a la que pertenece sor María] puede haber y hay pecadores y delincuentes (...) la Iglesia no va a oponer resistencia a que se aclaren, en justicia, las cosas”.
“Me dijo que mi madre era indigente. Era una viuda”
Natalia Junquera
La última vez que vio a sor María, a María José le dio una crisis de ansiedad. Entonces tenía 22 años y había acudido a visitarla al convento con sus padres adoptivos porque deseaba conocer a su madre biológica y quería preguntar a la religiosa que facilitó su adopción si recordaba algo. “Al principio pensó que estábamos allí para darle las gracias y estaba muy contenta. Pero cuando empecé a hacerle preguntas de mi madre biológica reaccionó muy mal”, relata María José —nacida en 1978 en la clínica Santa Cristina—, 16 años después de aquel encuentro con sor María.
En aquella entrevista, la religiosa se empleó a fondo en convencerla de que ella no se acordaba de nada y que, por tanto, no podía darle ninguna pista para que conociera su madre y que en cualquier caso, mejor que no lo hiciera. “Empezó a meterme miedo contándome unos casos horribles. Me decía que esas madres odiaban a sus hijos. Que una vez le habían llevado un bebé a una para que se decidiera [a quedárselo o no] y que la habían tenido que sujetar porque quería estallarlo contra el suelo. ‘Cada dos por tres tenía aquí a una con otro niño. Ya le di tres de sus hijos a una familia, pero como ya no podían quedarse con más, tuve que entregar otros dos a otra’, decía... Insistía en que había pasado mucho tiempo, y que no recordaba nada de mi madre, pero me dio la sensación de que sabía perfectamente quién era yo”, relata María José.
“Me hablaba de la divina providencia. Decía que Dios me había enviado a aquellos padres [los adoptivos] y que mi madre [biológica] me odiaba. Y entonces me dijo: ‘Si te la encuentras por la calle, te reconocerá. Ayúdala’. Dijo que mi madre biológica era una indigente. ‘Y tu padre, vete a saber’, añadió, insinuando que se acostaba con cualquiera. Al salir, me dio un ataque de ansiedad. No me esperaba aquella falta de ética, de sensibilidad, de humanidad. Pensé que si tantos años después me intentaba manipular a mí de esa manera, qué no haría con las madres en el momento”.
María José siguió buscando. “Cuando al final la localicé, a finales del año pasado, mi madre no tenía nada que ver con lo que sor María me había contado”. No era una indigente, sino una viuda y madre de cinco hijos que quedó embarazada de otro hombre. “Me contó que estaba muy asustada. No quería que se enterase nadie de su entorno y sor María la convenció sin mucho esfuerzo de que lo mejor era darme en adopción porque ella tenía un matrimonio muy bueno que no podía tener hijos y que se iba a encargar de mí. Eso era mentira, porque entonces ella aún no sabía a quién me iban a entregar”.
La madre de María José regresó a casa y actuó como si nada hubiera pasado. “A su familia le había dicho que iba a Madrid a hacerse unas pruebas en el hígado y que iba a estar hospitalizada unos días”, recuerda María José. Ese no es su verdadero nombre. Pide uno ficticio porque su madre biológica aún no ha contado lo ocurrido a nadie. “Mis hermanos aún no saben que existo”.
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ESPAÑA Marcha de los afectados por los casos de niños robados
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Protesta en Madrid contra la lentitud en la investigación de los ‘niños robados’
Un centenar de víctimas y familiares se manifiestan para pedir que no se archiven sus casos
Un centenar de familiares de 'niños robados' se han manifestado este domingo por las calles de Madrid en protesta por el "archivo" de sus casos ante los tribunales y la "lentitud" en las investigaciones. Antes de iniciar la marcha, que se inició ante la Fiscalía General del Estado y culminó en la Puerta del Sol, representantes de asociaciones Anadir, ADN-D y Aberoa han leído un comunicado en el que han enviado un mensaje a las autoridades de que no se van a "rendir". Así, han pedido la reapertura de las investigaciones que han sido archivadas "por falta de pruebas", tras la circular que emitió recientemente la Fiscalía General del Estado en la que se calificaba estos delitos como detención ilegal.
En este sentido, han pedido el apoyo al Gobierno para acelerar las investigaciones sobre estos casos que, a su juicio, "va muy lenta" a pesar de "la avanzada edad de los posibles responsables y de los propios afectados, que ven cómo transcurren los años y siguen sin poder reencontrarse con los hijos que buscan". "Queremos que se siga investigando, que tenemos hermanos, hijos, sobrinos, perdidos y seguimos buscando. Queremos que no se archiven los casos y aquellos que se han archivado se reabran para que se investiguen a fondo a los culpables y la trama y los responsables de todo para poder saber donde están nuestros familiares", ha explicado un miembro de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid.
Acerca de si el fallecimiento de Sor Maria, imputada por dos casos de 'niños robados' en Madrid, provocará el estancamiento de la causa, ha indicado: "Hay suficientes nombres como para seguir investigando"."La muerte de Sor María no nos puede echar atrás, sino que tiene que darnos más fuerza para encontrar más nombres, porque hay más culpables", ha añadido.
Del mismo modo se ha expresado la mujer que llevó a la religiosa por segunda vez al banquillo, Purificación Betegón, que ha explicado que su caso "no se ha archivado porque había muchos nombres implicados en el tema". "No creo tarden mucho tiempo en ser llamados a declarar", ha señalado.
Las asociaciones han hecho coincidir la convocatoria con el segundo aniversario de la presentación de la denuncia colectiva presentada ante la sede del Ministerio Público. Los afectados interpusieron hace dos años una denuncia por el robo de 261 niños cometido durante el franquismo hasta finales de la década de los ochenta.
La Plataforma Afectados Clínicas de toda España. Causa Niños Robados ha explicado que no se adhiere a la manifestación al considerar que se están produciendo "cambios positivos" como demuestra la circular de la Fiscalía y la implicación del Ministerio de Justicia en la apertura de una Oficina Asistencia a las víctimas.
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Doscientas personas procedentes de toda España se han manifestado hoy para pedir al Gobierno que les deje acceder a la documentación y cese de bloquear las investigaciones.
EFE Madrid 19/10/2013 16:40 Actualizado: 19/10/2013 17:57
Afectados por los casos de bebés robados en España exigen "investigación y justicia"
Autor: ATLAS - Duración: 1m 24s
Una víctima del robo de su bebé pide recuperar a su hijo. EFE
Unos dos centenares de afectados por el caso de los bebés robados se han manifestado hoy en Madrid para reclamar el acceso a los libros de registro de nacimientos y defunciones y poder disponer así de toda la documentación a su alcance para la búsqueda de sus padres, hijos o hermanos.
Venidos de todas partes de España, convocados por las distintas asociaciones que agrupan a estas "víctimas" -estatus que también reivindican que se les conceda-, se han trasladado desde la Puerta del Sol para después avanzar lentamente hasta el cercano Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, donde han leído un manifiesto.
"Queremos Justicia" y "Dimisión, Gallardón" han sido los gritos más veces coreados a lo largo de la marcha, en la que todos ellos llevaban camisetas o carteles con el nombre y fecha de nacimiento del niño robado al que buscan, aunque también había niños robados -o que sospechan serlo- con mensajes en los que recordaban que siguen intentando localizar a sus padres biológicos.
"A ningún Gobierno le interesa aclarar este tema", porque es "muy gordo", señala un manifestanteEntre ellos, lideraba la manifestación la presidenta de la asociación de SOS Niños Robados, María Cruz Rodrigo, que explicaba que su principal objetivo es que les empiecen a abrir "los archivos uno a uno porque ya no podemos esperar más", ha dicho. "Ya es hora de que el señor Gallardón nos abra los archivos", ha insistido Rodrigo, que como muchos de los presentes en la manifestación, ha dejado patente su decepción con el ministro de Justicia y ha apelado a sus sentimientos con gritos como "Gallardón eres padre". Según ella, el ministro "empezó muy bien" cuando, en octubre de 2012, les prometió la creación de una oficina para facilitarles datos registrales y sanitarios que les permitieran investigar su origen. "Pero se nos ha rajado y estamos muy disconformes", le ha reprochado.
En cuanto a lo que está sucediendo en los tribunales, ha destacado que, aunque hay unos 60 casos que se están investigando en los juzgados de Madrid, hasta el momento solo está imputado el exdirector de la Clínica San Ramón, Eduardo Vela, tras la muerte de la primera imputada en estos casos, la religiosa Sor María. "Pero hay muchos doctores Velas y muchas sor María", ha denunciado.
"¿De qué tienen miedo?"
Mabel Escuer, de 61 años y que dice haber descubierto hace cuatro años que era un bebé robado, ha señalado que lo único que piden es que se "ponga a funcionar la máquina del Estado" porque siempre que hay voluntad de hacerlo, "se hace". "¿Por qué ponen tantas trabas? ¿De qué tiene miedo?", se pregunta esta mujer, que encabezaba la manifestación y que no puede evitar sospechar que hay algo oculto ante tantos impedimentos.
A juicio del doctor Antonio Garrido-Lestache, conocido por su defensa de la toma de huellas digitales a los recién nacidos, "a ningún Gobierno le interesa aclarar este tema" porque es "muy gordo" y, sobre todo, porque la cantidad de dinero que habría que abonar a esas personas en indemnizaciones "es infinita".
Para apoyar sus reivindicaciones se encontraba también la diputada del Partido Socialista de Madrid Carla Delgado (conocida artísticamente como Carla Antonelli), que con su presencia quería denunciar la injusticia que se está cometiendo con estas personas. Ha explicado que su grupo ha registrado varias preguntas al respecto, que espera que alguna tenga respuesta y ha señalado que se está elaborando una iniciativa para crear un registro en el que se puedan inscribir todos aquellos que se consideran víctimas del robo de bebés (hijos y progenitores) y se puedan comunicar de alguna manera. Ha denunciado asimismo las trabas y cortapisas con las que se han encontrado muchos de los afectados para acceder a los libros de registro, lo que le hace preguntarse: "¿Qué esconden?".
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