Los abogados querellantes, María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, que representan a 14 víctimas de la UP1 y al sobreviviente Luis Urquiza (causa Gontero), solicitaron la pena máxima para los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, señalados como autores mediatos de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 31 víctimas. Otros 16 acusados, entre militares y policías, fueron sindicados como responsables de aplicar tormentos y cometer crímenes. Hubo dos pedidos de absolución por falta de pruebas.

 

Los alegatos de los doctores María Elba Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja comenzaron a exponerse durante toda la jornada de ayer. Martínez presentó y analizó cada uno de los hechos y ofreció pruebas testimoniales y documentales acerca de cómo sucedieron. Ayudados por soportes técnicos ilustraron con imágenes y cuadros los fundamentos y argumentos presentados. Asimismo mostraron las fotos de las víctimas y sus respectivas filiaciones políticas.

 

Hoy por la mañana se refirieron a la parte técnico jurídico y doctrinaria y a los aspectos histórico-económico-políticos que contextualizan y explican la producción de los hechos. (Al final, Audio y texto completo del alegato de Hugo Vaca Narvaja).

 

Siguiendo la teoría de Claus Roxin se solicitaron penas severas tanto para los “hombres de atrás” como para los ejecutores. Al anunciar las penas, María Elba Martínez lagrimeó emocionada por haber llegado a esta instancia” tras muchos años de lucha" y reconoció a los hijos de dos de las víctimas -Hugo Vaca Narvaja y Miguel Ceballos-, por estar en el estrado como abogados. Del mismo modo lo hizo con Martín Fresneda, hijo de desaparecidos.

 

Para los que ocupan los más altos lugares en la cadena de mandos Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez –ausente por cuestiones médicas- Vicente Meli, Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro y Víctor Pino Cano, pidieron que se les aplique “prisión perpetua, degradación del cargo, e inhabilitación absoluta” por los 14 homicidios.

 

En tanto para Hubert y Alsina, por el delito de homicidio cometido con “alevosía y ensañamiento” contra el médico René Moukarsel tras ser estaqueado en el patio interno del penal, el día más frío del año, solicitaron prisión perpetua.

 

Por el hecho XI, traslado y posterior asesinato de los detenidos Miguel Hugo Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo de Breuil, entregados al teniente primero Osvaldo Quiroga, de acuerdo a las pruebas existentes aportadas por un testigo directo, prisión perpetua. Igual castigo para Francisco D`Aloia.

 

Para los policías, Carlos Alfredo Yanicelli, Juan Ramón Molina, Miguel Angel Gómez, Hermes Oscar Rodriguez, Calixto Flores, Yamil Yabour y Alberto Luis Lucero, se requirió las penas de prisión perpetua como autores directos de las muertes.

 

Asimismo para Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, los querellantes pidieron 15 años de prisión por aplicación de tormentos a los presos políticos de la penitenciaría.

 

Para Graciela Antón y Luis Salgado 20, y para San Julián 15. En cambio no se encontraron pruebas con cierto grado de certeza para inculpar a Ricardo Cayetano Rocha y Marcelo Luna por lo que se pidió la absolución.

 

Fragmentos del alegato de María Elba Martínez

 

La abogada demostró la existencia de una cadena de mandos que actuaba al margen de lo jurídico utilizando estructuras secretas. Afirmó que la cárcel se transformó “en un campo clandestino; porque lo que allí ocurría estaba prohibido que sea divulgado afuera”.

 

Describió el organigrama del área 311 y del D2 y las responsabilidades de los integrantes. Y detalló los delitos que se cometieron contra los presos políticos y que fueran caratulados en los hechos 6, 4 y 13. Las víctimas de la represión a quienes representan como querellantes fueron Luis Ricardo Verón, Higinio Toranzo, Gustavo De Breuil, José Angel Pucheta, Florencio Díaz, Jorge García, Hugo Hubert, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Claudio Zorrilla, María Esther Barberis, Mirta Abdón de Maggi, René Moukarzel, Marta Rossetti de Arquiola. Y por la causa Gontero el querellante es Luis Urquiza, pero con el sufrieron tormentos otros cinco policías y un civil.

 

En relación a los tormentos agravados analizó que “desde el punto de vista de los golpes, movimientos vivos, golpizas y situaciones de falta de alimentación -se refiere a todos los tormentos-y en el caso de Jorge de Breuil con 30 kilogramos menos. Y luego el aspecto psicológico, la desnudez, las violaciones, los manoseos y las acciones depredadoras y de amenaza continua del tipo ‘después salís vos, van a morir’, generaron un estado de pánico permanente”. También señaló el hacinamiento y la falta de atención médica como características “normales” dentro del penal. En ese sentido destacó que “la única forma de resistencia que encontraron estas personas era la solidaridad y la comunicación con el exterior por cualquier medio”.

 

Moukarzel

 

Uno de los casos emblemáticos de la UP1 lo constituye el asesinato del médico René Moukarzel. “Tenia dos legajos”, afirmó la abogada. Y luego señaló que era un hombre sano, que no estaba enfermo. Martínez relató el hecho ocurrido el 15 de julio y explicó cómo a partir de que un preso común le diera un paquete de sal “Alsina advirtió lo que pasaba y lo habrían atado de pies y manos y colocado piedras debajo de su cuerpo. Y como se rompió una estaca le propinaron golpes y llevado de nuevo a otro patio” señaló. Luego mostró el certificado médico firmado por el médico Tavip -imputado en la causa y ahora enfermo- cuya causa de muerte era paro cardio- respiratorio.

 

Después presentó pruebas documentales tales como informes sobre memorandos, identificación de cadáveres y documentos calificados como confiables. Cita testimonios de los innumerables testigos que atestiguaron sobre el hecho. “Estoy contento, he vengado a un compañero, he matado un subversivo”, fue una de las frases más crueles e impactantes atribuidas al acusado Alsina.

 

Habló de la inspección ocular y recordó que el imputado en aquella oportunidad reconoció que tuvo en el patio al “detenido” refiriéndose a Moukarzel.

 

Igualmente citó declaraciones claves de los testigos como prueba. Por caso, uno dijo que “en la morgue me resbalé en sangre” y que había visto “una pila de cadáveres mutilados” y posteriormente “Tavip da el certificado ansiado”.

 

Por otra parte aseguró que el propio Menéndez “le adjudicó tres meses de sanción por haber dejado mal parado a los oficiales. ‘Al preso lo estaqueo, lo mojó y luego murió’ se había quejado el jefe del tercer cuerpo. Y añadió que “esto hizo que fuera calificado con bajo puntaje -42 puntos - y además era considerado un inútil”. Y subrayó la abogada que Menéndez agregó que “no era un delincuente común, era un hombre del ERP, un subversivo”.

 

Hugo Vaca Narvaja leyó las semblanzas de cada una de las víctimas. Historias de vida y militancia que humanizaron un acto tan técnico.

 

Martínez continuó con las complicidades de otros sectores como la Iglesia ( Primatesta), la justicia ( Zamboni Ledesma, Otero Álvarez, Haro, Molina) y la prensa que reproducía textualmente los falsos informes de enfrentamientos.

 

Así, cada hecho fue desmenuzado y se presentaron pruebas donde constan firmas de traslados, pericias, declaraciones del cura Luchesse, certificados de la morgue, entre otras. Asimismo destacó que no se hizo autopsia en este y en ningún caso.

 

En otro tramo de su presentación Martínez expresó que “para llevar a cabo el plan de exterminio necesitaron tomar el poder y los tres poderes” y señaló que “la estructura de las jurisdicciones divididas en regiones, zonas, subzonas y áreas, más la colaboración de la Side, la misión del ejercito, y la palabra aniquilar”, operaron a favor del plan. Y agregó que Córdoba era la provincia elegida por su actividad gremial y por su antecedente del Cordobazo. Ello –dijo- posibilitó el cierre sindicatos, de embajadas para que las personas no puedan refugiarse. “Un caso típico es el de la familia Vaca Narvaja, donde tuvo que intervenir el embajador de México”, recordó.

 

Puntualizó que las organizaciones sindicales, como la mesa de la JTP, el movimiento sindical combativo, la CGT, las organizaciones peronistas y los gremios y otras provenientes del PRT “que no eran cuadros guerrilleros sino políticos” fueron también considerados “subversivos”. De la misma manera actuaron con el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo que levantaban la teología la liberación y la opción por los pobres. Y recordó que el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel era afín a esas ideas.

 

“Para instalar el terror –en la sociedad- utilizaban propaganda negra, gris y blanca”, manifestó más adelante.

 

Otro argumento de la querella fue relacionar a la dictadura y a su estructura jurídica con el franquismo. Asimismo habló de que existía “una estructura misógina: la misoginia intelectual -que existe en estos ámbitos también- y citó a Prima de Rivera. Recalcó que “las mujeres fueron violadas vejadas y que el guerrillero era considerado un delincuente común quitándole el estatus beligerante. Hubo un cambio de tesis, y no se trató de una guerra”, concluyó.

 

Cuando concluyó con su alocución técnico política la doctora Martínez recibió un aplauso prolongado de parte de la audiencia. Esa circunstancia, fue aprovechada por el abogado Alejandro Cuestas Garzón para solicitarle al Tribunal que si vuelve a ocurrir la sala sea desalojada. Será por eso que tras el brillante alegato de Vaca Narvaja el recinto permaneció en silencio. Luego, en el hall central, los asistentes, familiares y organismos de derechos humanos pudieron expresar la emoción contenida tras 34 años de espera.