CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En los distintos bloque parlamentarios de la Legislatura se habla, off the record, de las decepción de los resultados de la Comisión Investigadora Especial. Tampoco escapa el escenario electoral. "No estamos dispuestos a victamizar a Macri para darle 5 puntos en las encuestas", dijo una alta fuente de la oposición anti K a Urgente24.

 

En el análisis debe incluirse que en la decisión de no pedir el juicio político a Mauricio Macri, influye que el PRO tiene la mayoría en la legislatura que torcería cualquier voluntad de avanzar en ese sentido. 

 

El informe final firmado por los opositores a Macri cuestiona duramente la política de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, en especial la creación y el funcionamiento de la Policía Metropolitana. Salvo los diputados, Marcelo Parrilli (Movimiento Social de los Trabajadores), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Fabio Basteiro (Proyecto Sur), nadie se animó a pedir el juicio político del jefe de Gobierno porteño.

 

 

Recomendaciones de la Comisión Investigadora Especial.

 

La Comisión Investigadora Especial ha promovido la consulta a diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como Poder Ciudadano, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el instituto de Investigaciones en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y otras a fin de recibir recomendaciones que resulten pertinentes con las materias tratadas en el transcurso de las actividades de la comisión.

 

Se acompaña como Anexo I del presente informe la propuesta de Poder ciudadano.

 

A modo de síntesis de algunas de esas propuestas se formulan las siguientes recomendaciones:

 

 

La Constitución de la Ciudad mantiene las tres causales clásicas para la destitución del Jefe de Gobierno. Ellas son delitos en ejercicio de sus funciones, delitos comunes y mal desempeño.   Las primeras dos tienen una conformación objetiva que otorga otro poder, es decir la comisión de delitos la establece la justicia. El mal desempeño es la causal más indefinida, es obvio que todo delito en ejercicio de su funciones es, además, un "mal desempeño" pero su indefinición permite que se hagan interpretaciones abusivas. Es necesario precisar por vía de la ley el alcance que tiene el término "mal desempeño".

 

 

Se recomienda al Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri pedir la renuncia inmediata a su cargo al Ministro Guillermo Montenegro y la reformulación de la cúpula policial a fin de quitar todo vestigio del autogobierno policial que fuera establecido en la creación y conformación de la Policía Metropolitana.

 

 

Se propone la aprobación de una ley que obligue a los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires a que den publicidad de la nómina de empleados bajo su dependencia, alcanzando con esta obligación a organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del estado e incluyendo en la base de datos a personas vinculadas por cualquier modalidad contractual que pueda estar vigente (planta permanente, planta transitoria, locación de servicios y contratos por intermedio de convenios con terceros que prestan funciones para el GCBA).

 

La información a publicitar debiera alcanzar datos mínimos como: nombre y apellido, DNI, CUIL, cargo o categoría, área donde se desempeña, fecha de ingreso, carga horaria y remuneración.

 

Esta base pública cumpliría con la ley de acceso a la información, asegurando un derecho que en la práctica es incumplido con regularidad. Pero ello que es criterio para cualquier área de gobierno, resulta aún más imperioso para el sistema de seguridad. La función pública debe poder ser identificada como tal, fundamentalmente en relación a quienes tienen potestad y legitimidad para el ejercicio de la violencia.

 

 

Es preciso que se reglamente el mecanismo y los plazos que deben aplicar para la entrada en vigencia de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales suscriptos por la CABA. La ausencia de esta reglamentación afecta la plena vigencia de los acuerdos, por el incumplimiento de los pasos previstos en la constitución de la ciudad que, por un lado, faculta al Jefe de Gobierno a la firma de tratados, convenios y acuerdos, con la aprobación de la Legislatura (art 104, inc 3.). Y, por otro lado, atribuye a la Legislatura el poder de aprobar o rechazar aquello firmado por el Gobernador (art. 80, inc. 8). La reglamentación debería establecer: a) los plazos que dispone el gobernador para remitir a la Legislatura los tratados, convenios y acuerdos firmados; b) los pasos que debe seguir la legislatura para la aprobación o rechazo del instrumento (tratamiento en comisión y pleno); c) las condiciones para la entrada en vigencia; d) las situaciones que producen la caducidad de la firma, entre otros aspectos.

 

 

En la necesidad de consolidar las instituciones democráticas, resulta necesario implementar mecanismos de control que eviten, prevengan, investiguen y determinen casos de corrupción. Por tal motivo, la creación de una Oficina Anticorrupción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiría contar con un Ente cuyos principales objetivos serían por un lado, promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, y por otro lado, prevenir, detectar y entender en eventuales casos de corrupción e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley 24.759 y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley 26.097.

 

 

Esta propuesta tiene por objeto regular el ejercicio de la función pública mediante el establecimiento de principios generales y normas de conducta para prevenir, evitar, investigar, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, en el marco de lo dispuesto por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por la Organización de Estados Americanos, el 29 de marzo de 1996 y ratificada por la Ley Nacional Nº 24.759 y por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley 26.097.

 

 

Con la sanción en la Legislatura de la CABA, de la Ley 104/98 de Acceso a la Información y su reglamentación DECRETO N° 1.361/07 se han generado herramientas que posibilitan la publicidad de los actos de gobierno, pero para hacer efectivo el derecho que tienen los ciudadanos a la información pública, la misma debe contar con ciertos elementos mínimos que aseguren la exigibilidad y el ejercicio de este derecho.

 

 

La ley de seguridad de la CABA, en su art. 34, establece que la conducción de la Policia Metropolitana estará a cargo de un Jefe/a, con rango y atribuciones de Subsecretario, y que será asistido en sus funciones por un Subjefe/a de Policía. El mismo artículo indica que ambos cargos serán designados por el Jefe/a de Gobierno, sin precisar requerimientos ni procedimiento alguno para efectivizar tales designaciones, salvo por lo expreso en el art. 39 inciso g, donde se prevé que el Estatuto de la PM definirá los mecanismos que garanticen el acceso a la información sobre la designación de autoridades superiores.

 

En virtud de la importancia de ambos cargos, la tendencia histórica hacia la autonomización de las fuerzas policiales, y la necesidad de articular la acción policial con el resto de las acciones de los órganos del sistema de seguridad, se recomienda la modificación de la ley para que se incorpore la exigencia de que el Jefe y Subjefe de Policía sean personal civil y se establezca un procedimiento transparente que de mayor legitimidad a funcionarios de tan altas responsabilidades. Dicho procedimiento debiera incluir, como mínimo: a) la publicidad de los antecedentes curriculares de la persona pre-seleccionada por el Jefe de Gobierno; b) el examen de dichos antecedentes por parte de la comisión parlamentaria con competencia en materia de seguridad; c) la consulta de la comisión a organizaciones sociales vinculadas a la problemática de seguridad para que emitan opinión pública sobre el candidato; d) la realización de una audiencia pública no vinculante; y e) el acuerdo de los bloques parlamentarios para la culminación del proceso de designación.

 

 

El art. 40 de la ley citada precedentemente, fija que el ingreso a la PM se produce previa aprobación de la capacitación y los exámenes que al efecto se establezcan por el Instituto Superior de Seguridad Pública. En complementariedad con estos preceptos, el art. 19 del Estatuto de la PM ordena que la ocupación de los cargos orgánicos de la Policía Metropolitana, sea resuelta de acuerdo con el mérito y los antecedentes de los/as candidatos/as y siguiendo los mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación, los cuales deben regirse por los criterios de: formación y capacitación profesional; desempeño de la carrera profesional; antecedentes funcionales y disciplinarios. Y el art. 20 define un régimen de promociones y ascensos que determina, entre otras cosas, que la designación del personal con estado policial correspondiente al cuadro de oficiales de conducción la resolverá el Jefe/a de Gobierno por vía de un decreto.

 

Para otorgar mayor transparencia a la selección de los altos cargos de esta nueva policía, sería deseable que se modifique la ley del Estatuto de la PM para introducir el concurso público de oposición y antecedentes como mecanismo obligatorio para el acceso a los cargos superiores de la mencionada institución. Incluyendo en este procedimiento la posibilidad de que organismos públicos y privados (a determinar) puedan expresar su opinión y participar del concurso. El establecimiento de concursos públicos con control externo para altos cargos es un criterio clave para promover la profesionalización policial y, consecuentemente, el respeto ciudadano por la institución y sus miembros. De igual forma, estos procedimientos brindan previsibilidad y limitan los riesgos de control de la cúpula policial sobre su integración y renovación.

 

 

La ley de seguridad privada puede ser mejorada para asegurar su aplicación y el control de tal aplicación. En ese sentido, se podría:

 

1. Habilitar al poder ejecutivo, a través de la Dirección, a la denegación de habilitaciones fundada en razones de seguridad (esto es así por ejemplo en seguridad privada en aeropuertos). Si bien es otorgarle mayor poder a la Dirección al permitirles no habilitar a una empresa aún cuando cumpla con todos los requisitos legales, es una buena salida para restringir la proliferación de empresas y abrir un margen para el diseño de una estrategia sobre cantidad de empresas por zona.

 

2. Modificar el artículo 22 de la ley, que es el que establece el deber de informar a la legislatura. Sería de una mejor técnica legislativa imponer no sólo la obligación de informar sino también la sanción por incumplimiento. A modo de ejemplo: (ley 25.266 Artículo 13 bis. — Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación.).

 

Por otra parte, lo único que establece la ley actualmente es que el PE tiene que informar a la legislatura sobre el cumplimiento y aplicación de la ley, con mención de las empresas que la hubieren infringido y las sanciones impuestas. Para su mejora se podrían especificar algunos ítems que deben constar si o sí en el informe (además del tema sanciones): cantidad de empresas habilitadas, personal con que cuenta la Dirección, cantidad de empresas fiscalizadas, % sobre el total de las habilitadas, resultados de las fiscalizaciones, procedimientos internos para la fiscalización de empresas, etc.)

 

Por último, y sobre esto mismo, se podría pautar por ley  el momento de elevación del informe, de forma tal que no quede como si fuera a requerimiento de la legislatura, ni en cualquier momento del año.

 

 

Es indispensable contar con una fuente de información específica y confiable sobre el problema de la violencia y el delito que permita comprender el fenómeno en toda su complejidad y de ese modo elevar el nivel de la discusión democrática con relación al tema. La falta de un organismo de estas características que produzca y analice la información de modo científico no ha permitido discutir las políticas públicas necesarias de modo racional. En la Ciudad de Buenos Aires existen distintas agencias que se ocupan de producir información relevante pero que al estar bajo la órbita de los  órganos que diseñan y gestionan la política de seguridad de modo directo, encuentran limitaciones en la eficacia de su actuación y en las posibilidades de transparentar esa información en un área que es de sumo interés para la sociedad.  En este sentido el Observatorio puede corregir por ejemplo los límites que tiene el SIPREC para la construcción de diagnósticos de mayor alcance. El Observatorio no sólo obtendría información de datos y estadísticas policiales, judiciales o encuestas de victimización, sino que sumaría el compendio de estadísticas privadas y cruzaría esos datos con otros indicadores sociales que permitan una comprensión de mayor profundidad del fenómeno.

 

Para ello recabaría también datos y estadísticas de salud, de los centros de atención a las víctimas, estudios de opinión pública, estudios de casos y las informaciones relevantes publicadas en todos los medios de comunicación. Por otra parte creemos que no es posible hacer efectivo el derecho a la participación comunitaria en la implementación de políticas de seguridad si los habitantes no poseen un instrumento confiable que les permita nutrirse de la información necesaria. El Observatorio debe quedar abierto también al diálogo permanente con la comisión de seguimiento de la seguridad en la Legislatura a fin de que ésta pueda contar con información de calidad para la discusión de las reformas legislativas.

 

 

La ausencia o debilidad de los mecanismos de control de seguridad es uno de los problemas compartidos  por la mayoría de los sistemas de seguridad en la región. La figura cuya incorporación se propone corresponde a una institución de tipo unipersonal que goza de autonomía funcional y que conforma uno de los mecanismos de control externo indispensables para la gestión democrática del sistema de seguridad. La envergadura y complejidad que ha tomado el problema de la seguridad en la actualidad impone dotar de un mecanismo de un control externo diferenciado del control que realiza tradicionalmente la Defensoría del Pueblo, pero manteniendo la importancia de este órgano extra poder que tiene rango constitucional.. Por eso se propone la incorporación de un órgano con competencia específica para controlar las decisiones y procedimientos del sistema de seguridad.  Este tipo de control administrativo externo es de suma importancia ya que busca garantizar la correcta gestión de los recursos, la rectitud de los procedimientos institucionales y la obtención de los resultados previstos institucionalmente.

 

 

La tendencia al desgobierno político del sistema de seguridad pública es un dato estructurador del campo de la seguridad local y de la mayoría de los sistemas de seguridad. En este contexto es indispensable agregar al control que realizará el Ombudsman de la Seguridad, el control que realiza una Auditoría Externa del sistema.   La auditoría es una institución con autonomía funcional que se ubicará institucionalmente en la esfera del Poder Legislativo. Su función es auditar el gasto y la ejecución de las políticas públicas del sector luego de cumplimentadas. Por iniciativa propia o a pedido de la Legislatura fiscalizará y auditará el gasto de todos los subsistemas de seguridad. Más específicamente se ocupa de verificar que todas las operaciones financieras realizadas por cada instancia de la administración pública hayan sido ejecutadas conforme la reglamentación sobre fondos públicos. También si todos los ingresos y gastos se han realizado conforme la ley de presupuesto. Asimismo verifica que el gasto haya sido eficazmente realizado conforme los objetivos propuestos, herramienta que es de suma relevancia en contextos con tendencias al desgobierno civil y en los cuales las agencias estatales son reticentes a rendir cuentas efectivas de su accionar al resto de la población.

 

 

En miras a los convenios de transferencia de competencias penales de la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es menester crear un servicio penitenciario civil, regido por programas normativos de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, legislación Nacional y extranjera, como el Código de Conducta para Funcionarios, las Reglas para el Tratamiento de reclusos y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

 

En consecuencia, el personal penitenciario deberá ser especializado, profesional, civil, jerarquizado y armado en ciertos aspectos puntuales. Debe tener entre sus objetivos mejorar la situación de los internos y fomentar la participación de la comunidad en las unidades carcelarias para promover responsabilidad social.

 

 

El Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas ratificado por la Argentina en 2004, establece que los países parte deberán establecer un mecanismo de prevención de la Tortura.

 

Esta deuda de la Argentina es de suma relevancia, dado que las cárceles en la Argentina actualmente son casi un sinónimo de la tortura permanente. Las personas privadas de libertad deben sobrevivir en el hacinamiento y el maltrato, dejados prácticamente en el olvido y sin solución aparente. Pese a la existencia de numerosos informes que denuncian la gravedad de esta situación que empeora año a año, el Protocolo debe concretarse como un camino de salida de estos laboratorios de sufrimiento en que se han convertido las cárceles del país.

 

El Jefe de Gobierno porteño ha vetado el mecanismo votado por la Legislatura porteña que establece un mecanismo de prevención mediante el cual una comisión con miembros ad honorem de organizaciones civiles y políticas puedan tener acceso a lugares de detención y controlar las condiciones de detención. Es importante revisar algunas cuestiones observadas en el veto parcial propiciado por la Defensoría de la Ciudad e insistir en esta sanción.

 

 

La ausencia o debilidad de los mecanismos de control es uno de los problemas compartidos con la mayoría de los sistemas de seguridad de la región. Lo que se propone es la creación de un organismo que dependa directamente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que tenga por objeto garantizar, defender y promover los derechos humanos del personal policial y civil del sistema de seguridad, atendiendo sus quejas y peticiones, recibiendo denuncias de amenazas o vulneraciones a sus derechos, investigándolas y formulando recomendaciones, soluciones y/o sanciones. Se prevé que el órgano pueda recibir planteos individuales y colectivos, así como elaborar y proponer medidas que tiendan a intervenir sobre patrones de vulneración de los derechos del personal del sistema.

 

Se trata de un mecanismo de control indispensable para la gestión democrática del sistema de seguridad, que previene los abusos al interior de la fuerza, y contribuye también a que la disciplina policial no se funde en arbitrariedades sino en el cumplimiento de la norma.

 

 

Vista la tarea encomendada en la resolución  321/10 y puestos a evaluar lo que establece el artículo 2 en su Objeto, ".- La Comisión Investigadora tendrá como función investigar  la responsabilidad que les pueda caber al Jefe de Gobierno, Ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, sea en sus aspectos políticos, administrativos o económicos, así como los hechos investigados en la causa judicial N° 12.466/2009 autos caratulados "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7; y de hechos conexos que, sin ser objeto de reproche penal, fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad de Buenos Aires".