Cuba, S.A.

El Gobierno avanza hacia un sistema de economía mixta para evitar el desastre

Hace algunos meses una sorprendente confesión de Fidel Castro dio la vuelta al mundo. "El modelo cubano no funciona ni para nosotros mismos", admitió el líder comunista a un periodista estadounidense. Aunque poco después se desdijo, el desliz de Castro, de 84 años, tuvo gran repercusión: fue la constatación de una realidad que los cubanos padecen desde hace mucho tiempo y, por extensión, un reconocimiento de que Cuba debía cambiar.

Para darse cuenta de que el modelo económico cubano hace aguas por todos lados, basta leer el diario oficial Granma. Si el Ministerio de la Construcción, con una plantilla de 8.000 obreros y albañiles, tiene 12.000 vigilantes para evitar los robos al Estado; y si un país agrícola como Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la mitad de las tierras cultivables en manos de granjas y empresas estatales no produce, pocos ejemplos más hacen falta.

Desde que Fidel Castro enfermó en julio de 2006 y lo relevó su hermano Raúl, este admitió que los salarios en Cuba no alcanzan para vivir y habló de la necesidad de introducir "cambios estructurales y de concepto" para hacer sostenible la revolución. Ya desde febrero de 2008, cuando formalmente fue elegido presidente, Raúl Castro comenzó a tomar una serie de medidas de corte aperturista, entre ellas, entregar en usufructo las tierras improductivas a los particulares, descentralizar la toma de algunas decisiones, incrementar el acceso al consumo (autorizó la venta de teléfonos celulares, computadoras, etcétera) o terminar con la prohibición que impedía a los cubanos alojarse en los hoteles.

Sin embargo, no fue hasta ahora, tras convocarse el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que el Gobierno dio a conocer algo parecido a una hoja de ruta del proceso de cambios. El documento preparatorio del Congreso, previsto para la segunda quincena de abril, contiene 291 "lineamientos económicos y sociales" que son la base de lo que se pretende hacer.

En una intervención el pasado miércoles ante la Asamblea Nacional, reunida para analizar el proyecto de reformas, el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, denunció la "improvisación", "la falta de disciplina", el "poco rigor", "el "desorden en el manejo de los presupuestos" por parte de los agentes económicos.

Queda claro que el Gobierno de Raúl Castro avanza hacía un sistema de economía mixta, con cada vez más espacios para la iniciativa privada y menos papel del Estado, pero todavía lejos de una apertura tipo China o Vietnam. La palabra de orden ahora, según el ex dirigente histórico Alfredo Guevara, es "desestatizar". Algo que no es menor en un país donde el 90% de la economía es controlada por el Estado.

Desde luego, el lenguaje oficial defiende la validez del socialismo y el sistema de planificación y reniega de la economía de mercado. Pero establecido esto, lo que se propone, al menos en los papeles, es una apertura económica en toda regla que también incluye un cambio de mentalidad. La iniciativa privada se amplía y se abre la puerta a los pequeños negocios particulares y a las cooperativas más allá de las actuales fórmulas de autoempleo. El trabajo por cuenta propia, hasta ahora tolerado pero estigmatizado, se impulsa de modo más decidido y se prevé la concesión de créditos y la creación de tiendas de precios mayoristas para estimularlo.

Esta ha sido una de las primeras medidas en ponerse en práctica. La lista de actividades privadas que ahora se puede ejercer se ha ampliado a 178 -algunas tan peregrinas como "forrador de botones" o "desmochador de palmas"- y ahora, y esto sí es relevante, se autoriza la contratación de trabajo asalariado para realizar muchos de estos trabajos. En el primer mes de entrar en vigor el nuevo reglamento, 80.000 cubanos solicitaron licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, de las cuales 30.000 ya han sido concedidas. Hasta ahora el número de cuentapropistas en toda la isla no llegaba a 145.000.

Las empresas estatales seguirán teniendo un papel preponderante, pero su funcionamiento cambia. Antes dependían casi absolutamente de planes y decisiones de la Administración central; ahora su margen de acción se amplía. Las empresas podrán elegir sus cargos directivos y ajustar sus plantillas, modificar sus precios y distribuir sus beneficios según estimen -incluso para incrementar los salarios- una vez pagados los impuestos.

Se quiere acabar con las plantillas infladas durante décadas en el sector estatal. Más de 500.000 cubanos perderán su empleo en los próximos seis meses, cobrando como compensación un mes de salario por cada diez años trabajados; 1.300.000 personas irán al paro en el plazo de tres años, uno de cada cuatro cubanos que trabajan para el Estado. Una verdadera bomba, de ahí que el Gobierno se plantee el fomento del autoempleo y de los pequeños negocios privados como una cuestión estratégica. El plan es que, en el plazo de cinco años, se incorporen al sector privado 1.800.000 trabajadores.

Al desempleo hay que sumar el recorte del gasto social y la eliminación de "subsidios innecesarios y gratuidades indebidas". Incluso símbolos como la libreta de racionamiento tienen los días contados, pues en la nueva mentalidad no caben las viejas fórmulas; hoy de lo que se habla en Cuba es de impuestos, salarios vinculados a la productividad, despidos, libre compraventa de casas, inversión extranjera (poco) e igualdad de oportunidades en vez de igualitarismo. Significativa es una frase de Raúl Castro al inaugurar el debate nacional sobre los cambios: "No queda otra alternativa".