Mientras los países ricos de Europa se aprestan a mantener su Estado del bienestar a cambio de realizar reformas como alargar la edad de jubilación, existen otras zonas en el mundo donde la preocupación no es trabajar más para poder garantizarse el cobro de una pensión. El problema viene cuando los ciudadanos no llegan a disfrutar de la jubilación pública porque han fallecido.

Es lo que ocurre en Bolivia, donde la esperanza de vida no supera los 66 años en general y donde no es lo mismo jubilarse allí a los 65 años que en España o Francia a los 65 años.

Bolivia, además, es uno de los países con la renta per cápita más baja de Latinoamérica después de Haití, y donde ha puesto en marcha una reforma legal que va a contracorriente de las reformas emprendidas por los países ricos: el Gobierno del presidente socialista Evo Morales está dispuesto a reducir la edad legal de jubilación de los 65 años actuales hasta los 58 años. Habrá otros supuestos de casos que se accederá al derecho de cobro a partir de los 55 y 51 años.

Y eso no es todo. En determinados trabajos que desgastan el cuerpo humano por su enorme esfuerzo físico, como es el caso de la minería, la edad de jubilación podría reducirse hasta los 51 años.

La reforma de la edad de jubilación se produce después de dos años de duras negociaciones entre Morales y los principales sindicatos del país. "Esperamos que esta reforma sea un verdadero regalo de Navidad", ha asegurado el presidente Morales presionando al Parlamento para que apruebe la ley antes de finales del mes de diciembre.

Anular pensiones de empresas extranjeras

El proyecto de ley que presentó el Gobierno boliviano el pasado 16 de noviembre es ambicioso. No sólo incluye el retraso de la edad oficial de jubilación, sino que incorpora la nacionalización de los planes de pensiones aprobados por empresas privadas y el cierre de los planes privados de multinacionales extranjeras, entre las que destacan los planes de pensiones del banco español BBVA y de la entidad suiza Zurich, que entre los dos gestionan las pensiones de 1,3 millones de bolivianos.

Según el contenido del proyecto de ley consultado por La Vanguardia.es "los trabajadores independientes, como los comerciantes, choferes, sastres, mecánicos y otros que tienen aportes voluntarios, podrán recoger su dinero. Los empleados estacionales, como los castañeros y zafreros, que cumplen una actividad laboral en función del ciclo productivo de los sectores agrícola, pecuario y de silvicultura, también se beneficiarán con la medida".

Y añade: "En cambio, los empleados dependientes podrán acceder a esta ventaja siempre y cuando hagan contribuciones adicionales al descuento que mensualmente les aplican los dueños de las empresas en sus papeletas de pago, equivalente al 12,5 por ciento del total ganado", prosigue el proyecto de ley.

El sistema público de pensiones de Bolivia se sustenta sobre el pilar de la solidaridad. Quien más ingresos anuales dispone debe contribuir a quien menos tiene, y a los miles de bolivianos que ingresan menos de 1 dólar a la semana.

Con la reforma legal impulsada por Evo Morales, las cotizaciones empresariales aumentarán el 3%, el de los empleados públicos y privados, el 0,5% y habrá una "contribución especial" para aquellos bolivianos que ingresen 13.000 pesos al mes (alrededor de 1.320 euros), lo que supone 19 veces más que el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 70 euros mensuales.

El proyecto de ley incluye también rebajar hasta los 51 años la edad de jubilación para trabajos duros y penosos, como la minería, o hasta los 55 años para aquellas madres trabajadoras.

La presidencia de Evo Morales está marcada por la redistribución de la riqueza para que ésta pueda alcanzar las capas más pobres de la población, como son los descendientes de indios, trabajadores de sectores industriales que han sido nacionalizados y campesinos.

Las políticas de nacionalización de empresas extranjeras han ido en la línea de aumentar la riqueza para estos colectivos y ahora la reforma de las pensiones busca hacer más próximo el acceso a la jubilación pública para aquellos colectivos que no tienen una esperanza de vida tan elevada como en Europa.

De cualquier forma, la reforma de las pensiones en Bolivia significa una medida que va a contracorriente de las que están aplicando los gobiernos de los países ricos tanto en Europa, Asia o Estados Unidos.

En declaraciones del economista Guillermo Aponte, del Instituto Privado Fundación Milenio, a la agencia de noticias Reuters, la decisión de Bolivia es inédita y asegura que retrasar la edad de jubilación puede ser perjudicial a largo plazo porque no se incorporarán nuevos contribuyentes y sí habrá más perceptores con derecho al cobro de la pensión pública.

"La tendencia es planetaria. Japón, Francia, Singapur, Australia, Colombia y hasta 47 países están aplicando reformas con el objetivo de alargar la edad de jubilación, con lo que la decisión del Gobierno de Bolivia va en contra de una tendencia. Hay un dato claro: desde el primer año de la ley existirán 100.000 nuevos contribuyentes al sistema público que podrá cubrir las necesidades de tres millones de bolivianos, pero el problema es que la población es de 10 millones", asegura el economista.