La entrevista de Cecilia Orozco | Ene 01 - 9:00 pm

"En Colombia, la mujer es víctima doble"

Luz Patricia Mejía, Relatora de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana, estuvo en el país para recibir un informe sobre diez años de violencia contra la población femenina.

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Explica por qué se silencian los abusos que ocurren en la casa y cómo se aprende la sumisión que afecta, incluso, a las profesionales exitosas. Critica la posición de la Iglesia Católica y la de quienes ponen sus creencias por encima de sus deberes estatales.
 
Cecilia Orozco Tascón.- El X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2000-2010, tiene unas estadísticas aterradoras sobre la frecuencia y tipo de agresiones que sufre la población femenina en el país. Esta situación ¿Es similar en el resto del continente o los colombianos son particularmente violentos con las mujeres?

Relatora Luz Patricia Mejía.- Colombia tiene un conflicto adicional al conflicto histórico que enfrentan las mujeres en todo el continente. Éste último está soportado en un sistema patriarcal que ha oprimido y discriminado a la mujer a lo largo de la historia, y genera la perpetuación de la violencia. Lamentablemente hoy no existe ningún Estado en la región en donde la situación social de la mujer sea equilibrada, equitativa, justa y pacífica. En Colombia hay, adicionalmente, un conflicto armado que hace que la mujer termine siendo víctima doble. Por eso se dan los resultados que se reflejan en el informe y que usted llama “aterradores”.

C.O.T.- Respecto de la violencia que históricamente ha sufrido la población femenina, el X Informe asegura que en Colombia “el  hogar es el sitio más inseguro para  la vida e integridad de las mujeres”. En la década del 2000 al 2010 que cubre el documento ¿Ése indicativo permanece estable? Segundo, ¿por qué la mujer agredida se niega, consistentemente, a denunciar?

 L.P.M.- La familia no escapa a la cultura de la violencia que impera en la región contra la mujer. Así que no es extraño que el primer agresor sea un pariente cercano. A esto se añade  la gran impunidad generada por el silencio y la invisibilidad de las agresiones en el hogar. Empeoran la situación la ausencia de políticas estatales de apoyo a las víctimas y la falta de rechazo a la conducta agresiva masculina. Una niña que ha sido violentada, y no hablo solo en sentido sexual, se ve obligada a enfrentar en silencio su problema porque además de no contar con protección dentro o fuera del hogar, sabe que la violación es vista como un estigma social. 

C.O.T.- Además de la sexual ¿Cuáles otros tipos de violencia afectan a las niñas o mujeres de la región suramericana?

L.P.M.- Sufren con igual frecuencia  violencia física y violencia psicológica. Lo más grave es que estos problemas no son abordados como públicos y generales sino como privados y particulares. Usted me pregunta por qué la mujer no denuncia al agresor. La respuesta es que el sistema patriarcal dominante enseña que no hay agresión cuando la violencia es contra ella. Si se revisa con atención este informe, uno de los elementos que salta a la vista es que muchas de las mujeres víctimas no reconocen que haya en los abusos un elemento de violación de sus derechos. E incluso entre las que sí lo reconocen,  no todas toman medidas para obtener una cesación de la conducta abusiva.

C.O.T.- ¿Cuánto influye en el sometimiento femenino a las agresiones, su dependencia económica del hombre?

L.P.M.- Las mujeres en Colombia, especialmente a partir del conflicto armado son, con mucha frecuencia, cabezas de familia. Pero cuando tienen compañeros, quieren retenerlos porque necesitan su apoyo, ante todo porque no cuentan con ninguna otra herramienta para su sustento o cuando la tienen, resulta muy precaria. Como el Estado no tiene políticas de protección para la población femenina, las mujeres terminan reteniendo a su compañero a pesar de que sea violento. Y quiero señalar muy claramente que ése no es un problema sólo de los estratos bajos.

C.O.T.- La pregunta, entonces, es al contrario: ¿Por qué las mujeres que tienen mayor capacidad económica y cultural aguantan los actos violentos de sus compañeros?

L.P.M.- Pese al conocimiento y a la información que se tiene en estos sectores, hay que decir que quizás en los estratos más altos el silencio es mayor. A eso me refiero cuando sostengo que el problema de violencia contra las mujeres se maneja, históricamente, en el ámbito íntimo de la familia y que no se traduce en políticas públicas ¿Por qué las mujeres con capacidad económica se callan y aguantan maltrato? Porque el sistema patriarcal cubre todos los estratos y enseña que la mujer debe ser sumisa.

C.O.T.- ¿Cómo aprenden sumisión las mujeres a través del “sistema patriarcal” del que usted habla?

L.P.M.-  La sociedad envía muchos mensajes a través de diversos tipos de canales y de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando da por establecido que las mujeres, a partir de cierta edad, deben contar con compañía masculina para cumplir a plenitud con el rol que se les ha asignado. Como se supone que es así, la compañía masculina se tolera pese a los problemas que pueda haber, bien sea con el argumento del bienestar de los hijos, bien con el del bienestar de la sociedad conyugal o de la sociedad misma. Se cuenta con un amplísimo flujo de información según el cual mujeres profesionales que están preparadas para enfrentar solas la vida, culturalmente están convencidas de que uno de sus deberes es garantizar la presencia paterna en la casa.

C.O.T.-  ¿Cuáles mensajes de los medios de comunicación reforzarían la sumisión de la mujer frente al hombre?

L.P.M.- Un ejemplo típico es el de las historias de las telenovelas tradicionales que tienen los más altos niveles de audiencia. Allí siempre está el hombre que engaña a la mujer y a los hijos. Entre tanto, ella desempeña el papel de compañera que llora y de madre que cuida a los hijos en medio de un sufrimiento resignado. En Venezuela, mi país, hubo una novela famosísima que se identificaba con una canción cuya letra decía que “el que te hace sufrir es el que te ama”. A ese tipo de mensajes me refiero cuando hablo de un patrón de comportamiento que se repite como si fuera una conducta natural.

C.O.T.- De cualquier manera, no puede negarse que en Colombia, en las épocas más recientes, ha habido grandes avances culturales en cuanto al rol profesional y laboral que desempeñan las mujeres ¿Esta afirmación es real o es una ficción creada por el éxito de unas  pocas?

L.P.M.- Puede tener algo de realidad pero a pesar de los éxitos individuales, es innegable que coexiste una doble carga laboral de la mujer. Aun cuando haya avances en procesos de emancipación que tienen que ver con la profesionalización y con el acceso de la mujer a mejores recursos económicos en algunas clases sociales, subsiste el estereotipo de la “cuidadora”. Los mecanismos de formación en las escuelas y colegios, y también los de información masiva a partir de los programas de televisión, refuerzan el rol femenino de acuerdo con el cual se soporta todo por amor y se mantiene la unidad familiar. Mientras esa cultura se mantenga, los avances siempre serán limitados.

C.O.T.- En Colombia el sistema judicial es bastante ineficiente ¿Cuánto influye esta situación en la baja intención de denunciar los abusos y violaciones?

L.P.M.- Como he dicho, la estructura patriarcal  se reproduce en múltiples  ámbitos y uno de ellos es el marco jurídico. La mayoría de las leyes de la región todavía protegen a la mujer, no como un individuo social valioso en sí mismo, sino como un miembro de la familia: basta con proteger la estabilidad de la familia para considerar que la mujer está protegida, como si fuera un acto automático. Por eso, la mayoría de las leyes de la región sobre violencia de género todavía establecen mecanismos de mediación entre la víctima y el victimario, entre el torturador y la torturada, en vez de imponer castigos y generar rechazos culturales a las conductas agresivas.

C.O.T.- Existe en Colombia la creencia de que los jueces se ponen del lado de la mujer cuando hay un proceso que la involucra ¿No es cierta?

L.P.M.-  No solo en Colombia sino en toda la región, es casi inexistente la posibilidad de que la mujer tenga posibilidades de encontrar a un profesional del derecho que maneje estos temas. Sí logra superar el obstáculo y consigue  a alguien que la represente en los tribunales, ella tiene, además, que enfrentarse a las barreras mentales del juez o la jueza. Muchos casos que tramitamos en la Comisión Interamericana tienen que ver con decisiones judiciales nacionales que se fundan en elementos absolutamente estereotipados sobre la mujer y sobre el rol que se supone que tiene que cumplir. El problema de la justicia es que perpetúa la ausencia del Estado y los mecanismos de represión, de dominación, y de discriminación de la mujer.

C.O.T.- En cuanto al conflicto armado, el informe dice que  “en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones al derecho a la vida, el 65.8% se le atribuye a responsabilidad del Estado, bien por perpetración directa de los agentes estatales o bien por tolerancia” con otros grupos. Aquí justamente se está discutiendo una ley de víctimas pero hay quienes se oponen a beneficiar a las víctimas del Estado ¿Qué opina al respecto?

L.P.M.- En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ése es un tema ya superado. En materia de Derecho Internacional de la Mujer, la doctrina ha reiterado de manera permanente que la responsabilidad de reparar las violaciones de género le corresponde al Estado. También a todos los actores estatales o no estatales que incurran en esas violaciones. Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos han venido insistiendo en la necesidad de que las mujeres sean reparadas sin establecer categorías de víctimas. No hay distinción que quepa porque las convenciones sobre el tema atribuyen las responsabilidades a partir de los derechos de la víctima y no a partir de las características de los perpetradores.  

C.O.T.-  Tal vez en Colombia la discusión sobre las víctimas está contaminada por los extremos políticos. Aquí se sostiene que los informes sobre violación de derechos son sesgados porque se les da menor importancia a las víctimas de la guerrilla  ¿El documento que usted leyó, contiene una desviación ideológica?

L.P.M.- Es claro que para que el tema de los derechos humanos tenga poder liberador, debe ser objetivo. Pero dudar de los resultados cuando éstos son negativos al Estado en cuestión, bajo el argumento de que contienen sesgos ideológicos, también suele ser un mecanismo para descalificar los datos. No es de mi competencia entrar en la discusión concreta sobre el caso colombiano y no quisiera hablar directamente sobre quiénes tienen la razón. Lo que sí quisiera decir de manera radical es que las víctimas tienen la condición de tales, sin importar si los victimarios son insurgentes, grupos armados irregulares o actores estatales porque lo que está en juego no es la dignidad de la mujer de derecha o la dignidad de la mujer de izquierda sino la dignidad de la mujer a secas. En el informe sobre la situación de violencia en Colombia los protagonistas no son los actores de las violaciones. Las protagonistas son las víctimas.

 C.O.T.- Hay una parte  dramática del informe y es la situación que se relaciona con los delitos sexuales. El Instituto de Medicina Legal reporta haber valorado a 92 mil víctimas en el periodo comprendido entre 2004 y 2009. Por si fuera poco, Medicina Legal reconoce que no registra sino el 65% de los casos ¿La situación de Colombia sobre abuso sexual es más alta que la del resto del continente por estar en medio de un conflicto?

L.P.M.- Por supuesto, como estamos hablando de un país que enfrenta un conflicto armado donde hay grupos al margen de la ley que ocupan territorios o que impiden el ingreso o salida de ellos, los mecanismos para que la mujer pueda acceder a la justicia, se complican. Y por lo tanto, los casos sobre violaciones sexuales pueden ser muchos más de los reportados oficialmente. Observe que estamos hablando de mujeres que han sido también víctimas del desplazamiento. Ellas han sido expulsadas no una sino dos y tres veces de su hogar.

C.O.T.-  ¿Qué indicaría usted en un balance sobre cómo y cuánto han avanzado los derechos de la mujer colombiana en esta década?

 L.P.M.- Podemos decir que hay avances y retrocesos. Indiscutiblemente, una mirada retrospectiva nos dejaría ver que hay avances legislativos. Hay una mayor inclusión, no solo en Colombia sino en la región, con relación a políticas económicas destinadas a las mujeres cabeza de familia. Hay avances también en temas de derechos en salud sexual y reproductiva. Pero, de otro lado, en la última década hemos visto que en los países que normativamente expresaron el respeto a los derechos de la mujer, no existe un sistema judicial que garantice el cumplimiento de esas normas. En particular, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos lamentablemente todavía hay en nuestros Estados una presencia muy importante de la iglesia que limita, incluso, el debate. Hay una gran brecha entre lo que  se estable en la ley y la posibilidad del goce real de los derechos reglamentados.

C.O.T. – En la situación que usted describe parece encajar un poderoso funcionario colombiano. El Procurador General tiene gran autonomía y autoridad pero pone sus creencias religiosas por encima del cumplimiento de la Constitución, en materia, por ejemplo, de derecho al aborto terapéutico ¿La presencia en el Estado de personas con posiciones religiosas tan extremas, afecta los derechos de la mujer?

L.P.M.- La presencia de la Iglesia Católica en diferentes ámbitos de poder, tanto del político como del económico, ha limitado en toda la región las posibilidades de que la mujer acceda a sus derechos de manera efectiva. La penetración de la Iglesia en sectores que hacen opinión, impide el cumplimiento de políticas estatales. Sin embargo, independientemente de la religión que profesen, los funcionarios del Estado deben cumplir sus obligaciones y las obligaciones asumidas, en el marco internacional, por el Estado al que representan. De ahí que deban defender los derechos de la mujer que hayan sido garantizados constitucionalmente, como ocurre en Colombia con su Corte Constitucional.

País agresor de mujeres

El X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2000-2010, es un resumen que proyecta las estadísticas de la última década sobre la materia, y que revisa el cumplimiento que el Estado le ha dado a las recomendaciones que le  hiciera la Relatoría especial de Naciones Unidas hace nueve años, para proteger a las víctimas de las agresiones a las que son sometidas tanto en su vida corriente como en situaciones de guerra. El documento fue preparado por la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, integrada por ONGs reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe recoge graves datos sobre los abusos que sufre la población femenina desde su niñez. Menciona, por ejemplo, que “cada hora, cerca de 9 mujeres sufrieron (en un periodo determinado) agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”. Además revela que  el presunto autor genérico de violaciones al derecho a la vida es, en la mayor parte de los casos, el Estado, bien sea por perpetración directa de agentes estatales o por tolerancia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados irregulares. La dramática situación descrita, dista mucho de la imagen cosmética que tiene Colombia sobre igualdad de derechos entre los géneros.

¿Revisión del caso Piedad Córdoba?

La Comisionada Luz Patricia Mejía es abogada venezolana de la Universidad Central de Caracas y fue elegida en el 37º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2007, como miembro de la CIDH por un período reglamentario de cuatro años contados a partir del primero de enero de 2008. Fue coredactora de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano de su país. Posteriormente, la Comisión Interamericana la designó como Relatora sobre los Derechos de la Mujer y fue en esta condición que visitó a Colombia hace dos semanas. Aunque no quiso hablar del tema, se supo que se interesó en el caso de la destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos de la ex senadora Piedad Córdoba, y las peculiaridades que rodearon su proceso dada la particular personalidad política y religiosa de su juzgador, el procurador Alejandro Ordóñez. Si la relatora Mejía mantiene el foco, el fallo contra Córdoba podría ser revisado en ese organismo internacional que tiene capacidad de sancionar a los Estados del continente, incluyendo el colombiano.

 

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador | elespectador.com