Pedraza cayó preso acusado por el asesinato de Mariano Ferreyra

Uno de los dinosaurios del sindicalismo argentino fue detenido ayer, acusado de haber instigado el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra y por las heridas de bala que recibieron otras tres personas durante la emboscada que sufrieron el 20 de octubre, cuando intentaban cortar las vías del ex ferrocarril Roca en reclamo de la regularización de los trabajadores tercerizados. José Pedraza declaró durante cuatro horas ante la jueza Wilma López, quien en la medianoche de ayer dispuso que continúe detenido acusado de “homicidio calificado y lesiones”. La magistrada le imputó “haber integrado un emprendimiento criminal previamente acordado” que derivó en la muerte de Mariano Ferreyra. Pedraza  recibió a un grupo de uniformados en su lujoso departamento de una torre en Puerto Madero cuando aún no había terminado de clarear. Su abogado, Carlos Froment, le había deslizado que esa escena podía pasar. Sobre todo después de los allanamientos en ese mismo lugar, en una sede de la Unión Ferroviaria y en una cooperativa estrechamente vinculada con el gremio y con la precarización laboral del servicio de limpieza de las empresas de ferrocarriles. En cercanías de la causa que lleva adelante la jueza López –quien firmó las órdenes de detención– y el fiscal Fernando Fiszer –quien las pidió– era un secreto a voces que después de que en diciembre la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó los procesamientos contra los siete detenidos, y sobre todo después de que la Cámara de Casación ratificó las detenciones de cuatro de los siete presos por el crimen, el paso siguiente sería “ir por Pedraza”.
Junto con el histórico líder de la Unión Ferroviaria fueron detenidos su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado Gustavo Daniel Alcorcel. El fiscal Fiszer también pidió las indagatorias de cinco jefes policiales: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles; el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; el número dos de la Comisaría 30ª, que opera en Barracas, Rolando César Garay, y el agente David Ismael Villalba. Todos están imputados por lo que desde el comienzo de la investigación denunciaron los tercerizados y los militantes del PO agredidos: la “zona liberada”.
Según el fiscal Fiszer, los tres detenidos de ayer “instigaron y organizaron” a la patota de la Unión Ferroviaria para que atacara a los tercerizados apoyados por los militantes del PO. El rol que les asigna está en consonancia con el fallo de la Cámara del Crimen, que a finales de 2010 asignó a cada uno de los siete detenidos una función determinada en la secuencia que terminó con la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas de bala a otras tres personas. Según aquel esquema precisado por los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Daniel “Harry” Favale y Gabriel Fernando Sánchez fueron quienes dispararon y, por lo tanto, son considerados “coautores”. Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño fueron “los encargados de hacer desaparecer inmediatamente las armas de fuego con las que se efectuaron los disparos”, por lo que están procesados como “partícipes necesarios”. Francisco Salvador Pipitó y Jorge Daniel González intimidaron al equipo del canal de cable C5N y por ello el tribunal les asignó el carácter de “partícipes secundarios”. Finalmente, Pablo Marcelo Díaz, el delegado de mayor jerarquía gremial –secretario de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria– era el único que hasta ahora tenía asignado el papel de “instigador”.
Tanto la hoy viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, cuando fue fiscal de la causa, cuanto su sucesor desde mediados de diciembre, Fiszer, tuvieron siempre en la mira al “Gallego” Fernández, a Alcorcel y a Pedraza. Pero para la jueza Wilma López aún no estaba del todo madura la imputación. En enero, cuando la mayoría de los juzgados estaban cerrados por la feria judicial, Fiszer, López y todos sus colaboradores revisaron los más de 30 cuerpos de la causa, dispusieron nuevas medidas de prueba, entre ellas decenas de escuchas telefónicas que aportaron un el esquema de relaciones y negocios que terminó de confirmarse con los allanamientos del viernes último. Con el resultado de toda esa pesquisa, el fiscal pidió el lunes las detenciones de los tres ferroviarios y la indagatoria de cinco policías. El dictamen sostiene que Pedraza, Fernández, Pablo Díaz y Alcorcel, “junto a otras personas que no fueron individualizadas, instigaron y organizaron a los nombrados (los otros seis detenidos) a efectos de que lleven a cabo las conductas atribuidas a cada uno de ellos, prometiendo en cada caso un rédito económico consistente en asegurar el ingreso de familiares como empleados, así como también la permanencia con mejores expectativas para aquellos que ya fueran empleados”.
Los abogados de los otros detenidos aguardaban ayer con suma expectativa el criterio que la jueza López dejará asentado en lo que, a estas alturas, ya dan por descontado: el procesamiento con prisión preventiva de Pedraza, Fernández y Alcorcel. Sobre esa base planean redefinir la estrategia de la defensa, que tal como anticipó Tiempo Argentino tiene una nueva arista, la embestida del abogado de Uño, Oscar Gustavo Igounet, contra la jueza, los camaristas y la ex fiscal.
El delegado Alcorcel estuvo bajo sospecha desde el principio de la causa. Varios testigos lo sitúan el 20 de octubre en la escena en la que murió Mariano Ferreyra. Y la ubicación no es circunstancial, ni desvinculada de los hechos: aparece junto a Favale en el momento en que se inician las acciones que luego terminarían con un deceso y tres heridos de bala. Su figura incluso es descripta como “aquel sujeto pelado con mochila, vestido con vaquero y camisa de manga corta”. Su función, siempre según la primera imputación, habría sido la de una suerte de “nexo” entre la patota que operó en el barrio porteño de Barracas y los jefes sindicales. A través de Alcorcel y Díaz, Pedraza y el “Gallego” Fernández habrían estado permanentemente informados de lo que estaba ocurriendo.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS 

(Gran Papiyo)