Un proceso de cambios para cambiar.

 

En el país, como se sabe, se abrió un proceso de cambios en todos los órdenes de la vida social. La consecuente lucha de los revolucionarios durante décadas unida al reiterado incumplimiento por parte de las camarillas gobernantes de las promesas de bienestar para el pueblo, produjo una situación revolucionaria que hizo nacer este proceso de cambios desde 1999. Algunos cambios importantes se han verificado desde esa fecha. El primero de ellos es el cambio de la jefatura de gobierno y el segundo el nuevo marco constitucional surgido de la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, de sus debates, de la participación del pueblo y los trabajadores en la vida de esta Asamblea y, por supuesto, de sus conclusiones plasmadas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

¡Cuidado con frenar y distorsionar los cambios!

 

No obstante esos cambios, y la existencia de un cuadro político completamente controlado por la alianza revolucionaria, la dirección del proceso de cambios ha mantenido invariable la Ley del Trabajo y casi inalterables las relaciones sociales de producción, mientras la política laboral tiene, en esencia, la misma dirección observada durante las décadas de “puntofijismo”. Sólo algunos retoques pueden verse, el más importante de ellos es el de la imposición de la inamovilidad laboral para impedir el despido sin causa justificada, la cual está acompañada por una conducta que generalmente evita los despidos. Los trabajadores, al igual que durante los 40 años del bipartidismo, tienen que movilizarse y luchar duro para alcanzar sus reivindicaciones y el reconocimiento de sus derechos. En el caso de los trabajadores que laboran para entes públicos y para las empresas de propiedad mayoritaria de esos entes se observa una especie de solidaridad automática de todas las instituciones, léase bien de todas, a favor del gobierno. Hay una especie de disolución de la institucionalidad para satisfacer el interés o la posición que adopte el gobierno. El Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y, en la mayoría de los casos también el Poder Judicial adopta una posición sumisa y obediente a los intereses específicos del Ejecutivo, bloqueando de esa manera la consolidación institucional del proceso de cambios y manteniendo en total vigencia la conducta resistente a reconocer los derechos laborales de los gobiernos del bipartidismo.

 

De allí que se esté produciendo una especie de “desencanto” en amplios sectores laborales del país y especialmente dentro de aquellos que se encuentran empleados en organismos de la administración pública y en la Empresas del Estado.

 

Las Exigencias de los Trabajadores.

 

La exigencia de los trabajadores nos parece sencilla; es la consecuencia natural de sus luchas contra el capital y del triunfo de una opción política que se proclama revolucionaria y socialista. Los trabajadores exigen que se actúe coherentemente desde el gobierno que dice ser su aliado e incluso que se ha proclamado como un “gobierno obrerista”. Exigen que se cumpla la normativa laboral, que se discutan las convenciones colectivas, que los derechos y beneficios contenidos en estas convenciones se cumplan en su plazo y condiciones establecidas. Que las Juntas Directivas de las Empresas del Estado se reúnan y ejerzan colectivamente la dirección de esas empresas con pleno respeto de los Directores Laborales electos por los trabajadores. Que se avance realmente en el impulso y la creación de nuevas estructuras de participación democrática de los trabajadores en la dirección proceso productivo, mediante la elección directa de delegados revocables.

 

Deberes de un Gobierno Revolucionario

 

Un Gobierno Revolucionario debe impulsar las luchas de los trabajadores contra la explotación, la dominación, la corrupción y el abuso, vengan de donde vengan. La insólita aparición del sicariato sindical debe ser enfrentada de inmediato y contundentemente, sin darle oportunidad a que se repita. La impunidad, lo repetimos, es uno de los peores enemigos del proceso de cambio. Revolución y cambio no es sinónimo de caos o de inexistencia de reglas. Revolución no es abuso, sino el establecimiento y cumplimiento estricto del nuevo ordenamiento jurídico más justo y y en dirección al desarrollo de los principios y objetivos colectivos. Revolución es que los funcionarios sean responsables por lo que hacen y que se discuta con el pueblo y los trabajadores los errores y desmanes cometidos y que tales funcionarios sean castigados por sus actos contrarios a la ley y por el incumplimiento de sus deberes. El deber del Gobierno Revolucionario no es enfrentar a trabajadores contra otros trabajadores, sino atender los reclamos de los trabajadores creando las instancias de diálogo y decisión colectiva, cumpliendo con sus obligaciones para poder exigir el cumplimiento recíproco. No es constituir grupos de choque o cuerpos irregulares para militares o para policiales para enfrentar a otros grupos de trabajadores, sino fortalecer y dirigir los órganos de orden público para que sean capaces de hacer cumplir la ley y de respetar los derechos humanos. Castigar mediante el respeto del debido proceso al que haya que castigar y premiar al que haya que premiar.

 

Rectificación para avanzar