Foto: Gustavo Amarelle/Télam

Ayer el Consejo de Seguridad Interior (compuesto por todos los ministros del área del país y los jefes de las fuerzas represivas del Estado) resolvió acompañar a la ministra Patricia Bullrich en el pedido de decretar la Emergencia Nacional en Seguridad. Ahora sólo falta que el presidente Mauricio Macri firme el decreto correspondiente.

Bullrich y el secretario de Seguridad Gerardo Milman reunieron ayer en el Salón Auditorio del Ministerio (Azopardo 620 de la Ciudad de Buenos Aires) a funcionarios y uniformados de todo el país. Participaron los ministros de Seguridad de las provincias y los jefes de las policías provinciales junto a autoridades de la Policía Federal, de Gendarmería, Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y asistieron también representantes de Interpol y del Sedronar (organismo que “lucha” contra el narcotráfico).

Una vez decretada la emergencia, se pondrán en marcha medidas represivas en todo el país (camufladas de “prevención” y “operativos”) a modo de demostrar que el Estado avanzará sobre las libertades democráticas en pos de un supuesto “combate al delito”.

“Vamos a poder actuar con celeridad”

Tras la reunión, Bullrich dijo a la prensa que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, aunque aclaró que la prioridad es la “lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos”.

“En la medida en que el delito se modifica con rapidez, las fuerzas se tienen que adaptar”, dijo la exministra de Trabajo de De la Rúa y sostuvo que la declaración de la emergencia permitirá reforzar la “presencia del Estado” en los lugares “más peligrosos”.

La ministra agregó que se está haciendo un relevamiento o auditoría del estado de las fuerzas policiales, anticipando así nuevas “inversiones” en equipamiento y tecnología para fortalecer el poder de fuego del Estado.

Por su parte el secretario Milman dijo que la Emergencia “también abarca áreas que tienen que ver con lo social, lo educativo y la Justicia”.

En sintonía con los funcionarios nacionales el ministro de Seguridad bonaerense, el macrista Cristian Ritondo, informó que la gobernadora María Eugenia Vidal envió hoy a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el proyecto que declara la Emergencia en Seguridad “por un año, con el objetivo de resguardar la integridad física y los bienes de las personas”.

Vale aclarar que en la Provincia donde hace décadas reina la “maldita Bonaerense” la emergencia en seguridad estuvo vigente hasta marzo de este año, comandada por Daniel Scioli y su ministro Alejandro Granados. En ese marco, el Estado provincial duplicó sus fuerzas represivas, aumentando a casi 100 mil efectivos entre la Policía provincial y las temararias policías locales, y reforzando como pocas veces la infraestructura.

Ritondo dijo ayer que “la emergencia nos permitirá reorganizar y planificar los aspectos de gestión, potenciar las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”. Si con lo dejado por Scioli y Granados no le alcanza...

Al servicio de la comunidad (cuac)

En la reunión de ayer no se habló de los récords de casos de “gatillo fácil” y de torturas en comisarías y cárceles tanto a nivel nacional como provinciales alcanzados en los últimos años. Mucho menos se conversó sobre el alerta de organismos de derechos humanos y de la misma Comisión Provincial de la Memoria sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se arrastran desde hace años en la populosa Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, no faltó lugar para la demagogia y la hipocresía, esas dos aliadas de todo Estado burgués en materia de derechos humanos y libertades democráticas. La ministra Bullrich habló de “la necesidad de tener estadísticas criminales y modelos para medir la calidad educativa policial”.

Por su parte, Ritondo dijo que su gobierno jamás permitirá “que en nombre de la emergencia se cometan delitos para combatir el delito”.

“¿Y qué va hacer, va a exonerar a los 100 mil policías que tienen ahora”, pensó en preguntarle un periodista, pero prefirió guardar silencio para no provocar la ira del funcionario.

Si bien no se dieron precisiones sobre medidas concretas a desarrollar en el corto y mediano plazo, seguramente éstas aparecerán apenas Macri transforme la Emergencia en Segurirad en un nuevo decreto de “necesidad y urgencia”.

Esta vez no hizo falta que los medios masivos recurran a su espasmódico bombardeo de noticias sobre robos violentos y crímenes a mano de “pibes chorros” y “marginales malvivientes”. Con Mauricio Macri como presidente de la Nación la agenda está tan a la derecha que la declaración de la “Emergencia en Seguridad” a nivel nacional era algo que se imponía por su propio peso.

De hecho, en su propuesta de “terminar con el narcotráfico” el nuevo gobierno pone el énfasis en la militarización de las barriadas populares (tomando, entre otros, los consejos de Massa) y en el fortalecimiento del aparato represivo estatal para avanzar en el control social y la mano dura. Desde ya, lejos de perseguir a los millonarios capitalistas de la droga y sus socios políticos, policiales y judiciales, la política del macrismo en este terreno apunta a criminalizar al pueblo trabajador y perseguir las libertades individuales en cuanto al consumo de sustancias formalmente “prohibidas”.

Así las cosas, sin dudas se viene la emergencia. Sobre todo para los sectores populares y la juventud trabajadora, que verá como se refuerza a su alrededor el control policial y la criminalización. Una necesidad de Estado para contener las protestas y movilizaciones sociales que generará el ajuste que ya está en curso.