Todo lo anterior viene a colación porque la semana pasada los diputados federales, representantes populares adscritos al Congreso de la Unión, no se pudieron poner de acuerdo en la elección de tres ciudadanos, entre 110 millones de habitantes, que reunieran los requisitos de honorabilidad, objetividad, eficiencia, certeza jurídica y política imprescindibles para llegar a ser consejeros del IFE. Dichos diputados sí se ponen de acuerdo para impedir el avance de la reforma política o para aumentarse sus dietas irresponsablemente al extremo de insultar con sus ingresos injustificados a los 50 millones de mexicanos que lamentablemente subsisten sepultados en la miseria. Hace casi un año, el 30 de octubre de 2010, debieron haber nombrado a los consejeros de dicho instituto federal, pero hasta ahora no se ha logrado obtener mayoría calificada para legalizar la elección. ¡Horror! ¡Claro que les tiene absolutamente sin cuidado el punto de vista del electorado que los eligió al que, por otro lado, nunca le rinden cuentas de su actuación. ¿A quién representan entonces? Estos hechos, graves en sí mismos impactan aún más a la opinión pública desde el momento en que el propio Chuayffet, presidente de la Cámara, reconoció ante los medios de difusión haber incumplido con la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no que la Patria se los demande y bla, bla, bla…

Los diputados, de acuerdo a nuestra Carta Magna tenían la obligación legal de haber nombrado a los consejeros del IFE a más tardar el 4 de octubre de este año. No lo hicieron, incumplieron con la norma, incurrieron en responsabilidad oficial al haber ignorado y desacatado un dispositivo específico de la máxima ley que regula la convivencia entre todos los mexicanos. El IFE no volvió a quedar debidamente integrado de acuerdo a lo establecido por la ley y, sin embargo, los diputados al Congreso de la Unión no resentirán perjuicio alguno de la misma manera en que sí acontece con los ciudadanos que no pagan sus impuestos. Dicha circunstancia nos conduce obligatoriamente a una conclusión: En México existen ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros, los diputados, pueden ignorar impunemente la ley, ya se trate de normas inferiores o de la propia Constitución, sin que exista autoridad alguna que los sancione, los multe, los enjuicie o los castigue hasta llegar al extremo de la pérdida de la libertad. Por si lo anteriormente fuera insuficiente, dichos personajes de la vida pública todavía disfrutan las gigantescas ventajas de un fuero, es decir, una licencia para cometer actos ilegales, de la que carece el resto de la Nación. Los de segunda, los de a pie, los de banqueta sí podemos ser sometidos coactivamente al imperio de la ley, con lo cual se exhibe una gigantesca desventaja: ellos no conocen la existencia de un verdugo, nosotros sí.

Lo anterior es particularmente grave si no se pierde de vista que el IFE es una institución ciudadana, el órgano que no sólo deberá organizar las próximas elecciones del 2012, sino que debe contar con la suficiente credibilidad para no tirar por la borda la construcción de un espacio de confianza cívica imprescindible para que la Nación no se sienta traicionada nuevamente su voluntad política. Imposible dejar pasar por alto que el crimen organizado se puede encontrar particularmente interesado en desestabilizar al País en el 2012 saboteando los comicios y, sin embargo, los diputados federales no parecen resentir la menor presión por esta circunstancia.

Claro que han surgido grupos de ciudadanos a interponer una demanda en contra de los diputados por desacato. Los legisladores, los que redactan las leyes, curiosa paradoja de nuestra vida política, son los primeros en no cumplir con la ley sobre la base que tienen muy bien montado el escenario para que nadie pueda sancionarlos por ello. Por supuesto, que les tiene sin cuidado el gigantesco costo que implica para nosotros, los contribuyentes, la existencia del IFE, un esfuerzo tributario enorme para ayudar a sostener una democracia que ellos sabotean y con la que lucran.